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CASO BÁRCENAS (III) EPÍLOGO

EPÍLOGO

El Gran Recaudador

En los casi cuarenta días que van desde su publicación el 31 de enero hasta el 11 de marzo de 2013, la investigación judicial sobre la información de las catorce fotocopias de Luis Bárcenas ha estado prácticamente paralizada. La apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha tenido un alcance muy limitado. La Fiscalía y el juez Pablo Ruz, a cargo del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, rechazan enseguida una iniciativa del Partido Socialista de Valencia, personado como acusación en el caso Gürtel, para investigar los Papeles de Bárcenas en dicho sumario, por sus conexiones con la trama. Las cosas empiezan a cambiar el 28 de febrero.
Ese día, cae en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, por reparto, una querella del partido Izquierda Unida contra Bárcenas y otras catorce personalidades del Partido Popular que presuntamente recibieron sobresueldos o complementos salariales y empresarios que realizaron donaciones anónimas presuntamente ilegales. El juez Javier Gómez Bermúdez abre diligencias previas el 1 de marzo. Y el 11 de marzo admite la querella a trámite. Aparte de Bárcenas y Álvaro Lapuerta, aparecen como querellados los empresarios que han hecho los donativos. Gómez Bermúdez centra la investigación en los presuntos corruptores, antes de abordar la situación de los presuntos receptores de los fondos. A su juicio, se trata de determinar la relación entre los donativos y la adjudicación de obras públicas: «Lo que investiga este juez es si la contabilidad supuestamente opaca de Bárcenas publicada por El País recoge ingresos hechos por empresarios al PP a cambio de contratas públicas de Administraciones gobernadas por el partido», dice en su auto.
En otros términos, Gómez Bermúdez considera que los Papeles de Bárcenas, que sirven de base a la querella de Izquierda Unida, son una fuente de información. El cometido de la actividad judicial no debe dirigirse tanto a adverar esos papeles sino a profundizar los datos que aportan sobre los presuntos donantes y beneficiarios de obra pública, por una parte, y a indagar si esas cantidades eran distribuidas entre la cúpula del PP para influir en sus decisiones respecto a la adjudicación de obra pública. «La percepción de cantidades por los altos cargos del PP correspondería –prima facie- a la fase de agotamiento de un delito de cohecho, cuya existencia es preciso acreditar indiciariamente mediante la investigación judicial», dice el juez.
Por ello, el juez admite parcialmente la querella el 11 de marzo de 2013. Incluye de la cúpula del PP solamente a los extesoreros nacionales. Bárcenas y Lapuerta. Y junto a ellos a diez empresarios. Y, entre ellos, a Pablo Crespo, el segundo de Correa en la trama Gürtel, por haber hecho, como los demás empresarios, donativos al PP.
Gómez Bermúdez, pues, inicia la investigación del caso Barcenas, en la hipótesis de que la trama Gürtel forma parte de él en tanto que ha aportado dinero al Partido Popular, también a cambio de adjudicación de obras públicas y otros negocios. El juez indica las diligencias que se derivan de su decisión: declaración de los querellados, empezando por Bárcenas y Lapuerta, los días 25, 26 y 27 de marzo, aportación antes del 19 de marzo de la relación de obras y en general contratos públicos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por Administraciones gobernadas por el PP, requiere al PP para que en el plazo «improrrogable de siete días» aporte copia o relación de ingresos por el concepto de donaciones que haya recibido de los empresarios Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Miguel Villar Mir, de OHL; José Luis Sánchez Domínguez, del grupo Sando; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; Manuel Contreras Ramos y Manuel Contreras Caro, de AZVI; Pablo Crespo, de la red Gürtel; Sedesa; Copasa; Copisa, Aldesa; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Mercadona; Ignacio Ugarteche, de Urazca; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez Ruz han rechazado hasta este momento investigar los papeles de Bárcenas como parte del caso Gürtel, según ha solicitado la acusación del Partido Socialista de Valencia. También la acusación particular del PP se opone.
Sostienen que no hay conexidad entre los citados papeles y el caso Gürtel.
Pero, ahora que ha irrumpido Gómez Bermúdez, cambian de criterio. El juez Ruz pide un informe a la Policía Judicial para ver si hay puntos en común. La Policía aporta las relaciones económicas de las empresas de Gürtel con ciertos pagos al PP y destaca la presencia de empresarios vinculados a Gürtel que también figuran en los Papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción propone que los Papeles de Bárcenas sean una pieza separada dentro del caso Gürtel. Y al tiempo pide a Gómez Bermúdez que se inhiba a favor de Ruz.
El Partido Popular se ha opuesto a vincular los Papeles con el caso Gürtel. Y cuando el juez Ruz asume el nuevo punto de vista de la Fiscalía Anticorrupción, el PP presenta un recurso de reforma ante el propio juez y otro de apelación ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir la pieza separada. Pero, ante la aparición de Gómez Bermúdez, cambia sorpresivamente de criterio.
Retira su recurso de apelación y apoya a Ruz como juez instructor. El PP razona que es el mal menor.
Los abogados de los principales imputados siguen buscando el «giro copernicano» por el que apuesta desde el comienzo de las investigaciones Federico Trillo, ahora embajador de España en Londres.
Quienes allí le consultan comprueban que no ha variado de criterio. Hay que seguir la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, recomienda, en relación a la inconstitucionalidad de la grabación con cámaras ocultas, que viene como anillo al dedo a las grabaciones, asegura, de José Luis Peñas, que dan origen a la causa Gürtel.
¿Y Bárcenas? Su proximidad al grupo de comunicación Intereconomía es cada vez mayor. El 11 de marzo, el diario La Gaceta, que pertenece a ese grupo, publica una información a toda portada según la cual el juez Pedreira, enfermo en un estado virtualmente cercano al coma (padece anoxia cerebral, o ausencia de oxígeno) tras el ataque que sufre el 8 de septiembre de 2012, durante la celebración de la fiesta de boda de su hijo, se reunía durante el proceso de instrucción del caso Gürtel con imputados en la «sacristía de una parroquia del distrito de Chamartín». Habla de «Jesús Merino, o los Galeote, o incluso Luis Bárcenas», pero no se atreve a decir claramente que se han reunido allí. Es un quiero y no puedo. Mencionan la fiesta de cumpleaños del catedrático Manuel Lozano a la que acuden el juez Pedreira y Esteban González Pons. Y dicen que estos hechos perfilan la nulidad de las actuaciones. El «giro copernicano» de Trillo, vaya. González Pons estima que, dada la creciente cercanía de Bárcenas al grupo Intereconomía, la filtración de esa presunta noticia forma parte de la estrategia de conseguir que el caso Gürtel se convierta en otro caso Naseiro.
La ley prevé que los jueces pueden y deben investigar mientras se dirime la competencia por parte de un tribunal superior, en este caso la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero para ello, cada magistrado debe pronunciarse previamente. Una vez que lo han hecho, el tema pasa a la sala para que decida.
Pero la disputa todavía no ha llegado a ese punto. Mientras lleva adelante sus diligencias, el juez Gómez Bermúdez solicita el 19 de marzo al juez Ruz que se inhiba. Sin contestar a esa petición, este cita a Bárcenas a declarar el viernes 22 de marzo, adelantándose a Gómez Bermúdez que en su querella ya citaba su comparecencia inicialmente, junto con la de los demás querellados, para los días 25, 26 y 27 de marzo.
El martes, día 19 de marzo, el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, se encuentra por otro caso en la Audiencia Nacional. Solicita hablar con Gómez Bermúdez.
- Señoría, aprovecho que estoy por otro asunto para preguntarle por la comparecencia de mi cliente, Luis Bárcenas, en este juzgado.
- ¿Qué quiere saber?
- Verá, es que me ha pedido si puede venir a declarar antes de las fechas que usted ha anunciado. Tiene que acudir a la Audiencia Nacional pasado mañana, viernes, ya que está citado por otro juez, y prefiere comparecer ante usted el mismo día para no tener que venir dos veces. De todas maneras, le puedo decir que será muy breve. Gómez Bermúdez no ve razón para decir que no. Y pide a su secretaria que fije la nueva fecha en una providencia. Es citado a declarar el viernes 22 de marzo a las 12,00 horas, después de la hora fijada para su comparecencia ante el juez Ruz.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción dejan saber a varios medios de comunicación que es una situación bochornosa, esperpéntica, dos jueces luchando a brazo partido para tomar declaración a Bárcenas. Y afirma que ya se ha opuesto a la declaración del extesorero que el juez Gómez Bermúdez ha anunciado al admitir la querella de Izquierda Unida.
En paralelo, trasciende en la Audiencia Nacional que el juez Gómez Bermúdez podría enviar a prisión a Luis Bárcenas al término de su comparecencia del viernes 22 de marzo. Las informaciones precisan que el juez, al contemplar las alternativas, redacta el borrador de un auto de prisión, en el que admitiría una libertad bajo fianza de 38 millones de euros, la suma que Bárcenas dice tener en el extranjero al prestar declaración exclusivamente sobre sus cuentas en Suiza ante el juez Ruz el 25 de febrero de 2013.
El diario El Mundo titula el jueves 21 de marzo con la palabra «Esperpento». Dicho periódico considera a Gómez Bermúdez como el verdugo de su teoría de la conspiración sobre el 11-M, una teoría según la cual el atentado podría ser el producto de una imaginaria relación entre la banda terrorista ETA y el comando terrorista islamista. Gómez Bermúdez ha sido el presidente del tribunal y ponente de la sentencia sobre la masacre de Atocha.
Esa misma mañana del jueves 21 de marzo, a primera hora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llama por teléfono a Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Es un rato antes del pleno que ese día tiene previsto celebrar el Consejo, y del cual está informado Rajoy.
El presidente del Gobierno está interesado, a veinticuatro horas de la doble comparecencia judicial del extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, en conocer la disputa entre jueces que tiene lugar en la Audiencia Nacional por la competencia del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. Está interesado por e l esperpento, hábil presentación del asunto.
Moliner le explica que no conoce los antecedentes del problema y que, por tanto, no sabe si el CGPJ debería actuar.
Tras recibir la preocupación de Rajoy, el presidente del CGPJ quiere conocer la situación procesal, un tema que le es bastante ajeno. Llama, pues, a una persona de confianza. Se trata de su amigo Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Aunque el tema de Gürtel y Bárcenas lo lleva la Fiscalía Anticorrupción, Zaragoza sabe lo que pasa. Le explica a Moliner que no hay todavía planteada una cuestión de competencia en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y que, por tanto, los dos jueces siguen instruyendo las causas hasta que se plantee la
cuestión. La conclusión es que el CGPJ nada puede hacer. Moliner, por su parte, mantiene su discreción sobre la llamada de Rajoy entre los miembros del CGPJ. El pleno se celebra sin problemas. Más tarde, Moliner comenta con una persona de su confianza en el CGPJ, la llamada del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción recurre esta misma mañana del jueves 21 de marzo la decisión del juez sobre el cambio de día en la citación de Bárcenas y apela directamente a la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver los recursos del Juzgado nº 3, el de Gómez Bermúdez. Como no cabe legalmente recurso de apelación ante la providencia, el juez se abstiene de tramitar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción ante la sala. Pero el fiscal Antonio Romeral, a cargo del asunto, acude directamente a la sección segunda, integrada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López. Uno de ellos, Enrique López, ha colaborado directamente con el PP en la Fundación FAES y ha sido candidato del partido para ser magistrado en la próxima renovación, largamente pendiente, del Tribunal Constitucional. Romeral les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez. Invoca la existencia de un conflicto de competencia. Sin embargo, no pide, en atención a ese conflicto, la suspensión de la declaración de Bárcenas ante Ruz, ya que el tema estaría, en teoría, por decidir.
La sección segunda, en tiempo récord, acoge la suspensión cautelar, un paso procesal inventado ad hoc, y en menos de una hora prohíbe a través de un brevísimo auto al Gómez Bermúdez tomar declaración a Bárcenas al día siguiente.
¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Acaso puede acudir un fiscal sin previo aviso a la sección segunda? ¿Cómo se puede poner en marcha una operación que funciona como un mecanismo de relojería en pocas horas de la mañana del jueves 21? ¿Se puede pasar por encima del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y del presidente de la sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska? ¿Quién avisa a la sección segunda de lo Penal, al presidente de la misma, Ángel Hurtado, o a Enrique López, el candidato oficial del PP al Tribunal Constitucional, de que reciban el escrito de RomeralSe trata, por supuesto, de una operación donde cada uno juega su papel sin pérdida de tiempo. La sección segunda está debidamente alertada para que haga lo que tenga que hacer.
Impedir la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez. El juez está tomando una caña con Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, varios fiscales, un policía y un guardia civil, cuando recibe un mensaje, sobre la 1,30 horas, de que la sección se ha reunido para decidir la suspensión de la declaración de Bárcenas en su juzgado. A las 15 horas llega a su secretaría el auto de que se ha suspendido esa declaración.
Como la sala de lo Penal no tiene soberanía aún sobre el conflicto de competencia -el juez Ruz no ha contestado ese jueves 21 la petición de inhibición que le ha dirigido Gómez Bermúdez-, da así, con esta resolución, un golpe de mano sin precedentes en la Audiencia Nacional. La declaración, pues, no tiene lugar.
El mismo jueves 21, al recibir noticias de lo que ocurre en el CGPJ y la Audiencia Nacional, empiezo a escribir una información para el diario El País. El periódico ha recibido noticias coincidentes. Una consulta a La Moncloa y al CGPJ logra los mismos resultados. Desmienten la llamada telefónica de Mariano Rajoy a Gonzalo Moliner.
Bárcenas explica esa noche del viernes 22, tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional, que se ha creado una situación «kafkiana» en la que dos jueces le han llamado a declarar el mismo día y que en adelante ya no está dispuesto a prestar declaración, ya que ni siquiera sabe de los delitos que le imputan. Él es quien ha «creado la situación», el «esperpento», al solicitar su letrado anticipar la declaración ante Gómez Bermúdez para no tener que acudir dos veces a la Audiencia Nacional. Ahora, es él quien saca partido de estos hechos.
Aunque existen cada vez más indicios de que la comunicación entre Rajoy y Moliner ha tenido lugar, escribo un artículo para El País ese viernes 22, que se publica al día siguiente, sábado 23 de marzo, sin mencionar dicha comunicación.
He aquí el texto:
Que la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estaba predispuesta a darle la competencia al juez Pablo Ruz para investigar los llamados Papeles de Bárcenas, el extesorero nacional del PP, en el marco del caso Gürtel, no es un secreto. Que lo hará cuando toque, quizá a finales de la semana próxima, tampoco es difícil de adivinar.
Ahora bien, cuando lo que está en juego es la investigación de una trama de corrupción que afecta al partido en el Gobierno, es necesario extremar más que nunca el respeto escrupuloso de la ley y las normas procesales. Problema: la Fiscalía Anticorrupción y la sección segunda han cocinado un golpe de mano sin precedentes en la Audiencia Nacional al anular el pasado
jueves mediante una operación fulminante la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Bermúdez. ¿Que el fin de garantizar la competencia para el juez Ruz justifica los medios usados? La respuesta es: de ninguna manera.
Veamos la secuencia de los hechos.
Bárcenas estaba citado a declarar ante el juez Gómez Bermúdez el próximo lunes. El pasado miércoles, Alfonso Trallero, abogado del extesorero del PP, se presenta ante el juez y le pregunta si tiene inconveniente en que su cliente declare el viernes (por ayer), ya que estaba citado a declarar ante el juez Ruz. El juez no ve obstáculo y dicta una providencia en la que da cuenta del cambio de día.
La Fiscalía Anticorrupción fabrica la imagen del «esperpento», un producto que vende, mediante sus medios de comunicación afines y un recurso de apelación fantasma (porque no cabe) contra la providencia, a la sección segunda de la sala de lo Penal. Esta, bien preparada, se reúne de urgencia y resuelve a través de un auto la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez.
No existe precedente de este tipo de irrupción «cautelar», en esta fase procesal, como elefante en cacharrería. El auto lo deja en evidencia. No puede citar ningún precepto legal. Se limita a disfrazar su decisión con una apariencia legal, al invocar el artículo 22 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que presenta de facto manipulada, adulterada, quizá por la premura. Sostiene que Bermúdez solo podría adoptar medidas «urgentes». Y que la declaración de Luis Bárcenas no lo es. ¿Es acaso verdad? De ninguna manera. Dice la ley: «Cuando dos o más jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo sobre la competencia, darán cuenta con remisión de testimonio al superior competente; y este, en su vista, decidirá de plano y sin ulterior recurso cuál de los jueces instructores debe actuar. Mientras no recaiga decisión, cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia». Está, pues, muy claro. Apliquemos la ley.
Uno: no ha recaído decisión, es decir, el tema todavía no está en manos del tribunal superior, esto es, la sala; ergo, no puede hacer un intervencionismo forzado. Dos: los jueces pueden seguir practicando las diligencias, las necesarias y las otras «urgentes».
¿Y quién puede negar que entre las diligencias necesarias está, ante todo, la de llamar a prestar declaración al imputado? El paso de Gómez Bermúdez por esta historia será breve. Pero sus decisiones han tenido el mérito de retratar a todos, aunque solo sea por el pánico que ha diseminado aquí y allá. A la Fiscalía, que primero consideró inconexos el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas; al juez que rechazó incorporar esos papeles, como pedía el Partido Socialista de Valencia; y al PP, que está personado y que consideró también que ambos asuntos carecían de conexidad. Han descubierto la conexidad cuando apareció el juez Gómez Bermúdez. Bienvenida sea la conexidad, pero no los medios para apartar a otro juez cuando todavía no era el momento procesal oportuno.
El viernes 22 de marzo, el juez Ruz contesta la solicitud de inhibición que le ha dirigido a comienzos de semana Gómez Bermúdez. Se reafirma en que él es competente y se apoya para justificar su competencia en una serie de indicios que aporta la Policía Judicial sobre las relaciones entre el caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. El lunes 25 de marzo, Gómez Bermúdez redacta el auto en el que eleva a la sala de lo Penal el conflicto de competencia.
Según explica, la trama de empresas del caso Gürtel, donantes del PP, «es una parte del todo». El juez explica, también, que el PP es acusador en las diligencias del caso Gürtel que lleva el juez Ruz, «de modo que no puede ser investigado en una pieza separada porque es incompatible su posición activa y pasiva en el mismo proceso». El juez recuerda que el 11 de marzo de 2013 el PP se opone a pedir a la UDEF informe sobre las conexiones entre Gürtel y los Papeles de Bárcenas. Y más tarde recurre la decisión. Solo desiste del recurso cuando conoce que Gómez Bermúdez ha admitido la querella de Izquierda Unida a trámite.
El presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Malaska, tras recibir la cuestión de competencia, adopta el acuerdo, el lunes 25 de marzo, de que la que resuelva sea la sección tercera de la sala de lo Penal. Según explica en el expediente gubernativo, la sección segunda, la que ha prohibido la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, será la encargada de juzgar el caso Gürtel una vez que se termine la instrucción y se abra el juicio oral. Solo queda para resolver el problema de la competencia, una sección sin «contaminar» por decisiones adoptadas durante la instrucción: la tercera.
La sección tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, y las juezas María de los Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, convoca a una vista pública para el día martes 26. La prisa es mala consejera. Porque se salta las 24 horas que debe dar a las partes antes de la sesión. Al advertírsele, cambia la fecha para un día después, el miércoles 27 de marzo de 2013. La decisión es un plato precocinado. El mismo día, tras la vista, la sección tercera, baja el pulgar contra Gómez Bermúdez y ofrenda a Ruz con la investigación con el argumento de que hay conexidad, sin mayor análisis.
La magistrada Clara Bayarri discrepa.
Explica en un voto particular que la causa de los Papeles de Bárcenas, recogida en la querella de IU, corresponde al juez Gómez Bermúdez, y desmenuza los argumentos que ha dado el citado magistrado contra los indicios de conexidad. Mientras el juez Ruz pretende investigar los sobresueldos a dirigentes del PP, explica la magistrada, Gómez Bermúdez pretende indagar en «las operaciones fraudulentas relativas a la existencia de una correspondencia entre entradas de dinero procedente de empresas y empresarios y la adjudicación de obra pública o contratos con la administración en el mismo entorno temporal, de modo que los empresarios querellados, así como los gerentes y tesoreros del Partido Popular durante la fecha a la que los hechos de la querella se refieren, son los imputados en las diligencias». También deja constancia del hecho anómalo de que se puedan considerar ambos casos un mismo asunto cuando el PP ejerce la acusación particular contra Francisco Correa en el caso Gürtel mientras que en la querella de IU aparece como querellado.
Con todo, la decisión de la sección tercera no admite recurso.
El juez Javier Gómez Bermúdez tiene una aparición fugaz de un mes en las diligencias, pero su papel de actor de reparto es un revulsivo. Moviliza a todas las fuerzas del averno contrarias a profundizar en la investigación, pero al tiempo abre el camino al caso Bárcenas.
La causa, pues, sigue su camino. El juez Ruz, en una de sus primeras medidas posteriores a la confirmación de su competencia, rechaza un recurso extemporáneo de Francisco Correa, al que se unen Luis Bárcenas, Alfonso García-Pozuelo, Adolfo López Viejo y Alfonso Bosch, para anular todo el caso por la presunta vulneración de derechos fundamentales de las grabaciones que José Luis Peñas y su abogado, Ángel Galindo, aportan a la policía judicial aquel ya lejano 7 de noviembre de 2007, y que abrieron el camino a la investigación. Bárcenas y Correa han hecho ahora un pacto más amplio: amenazan con tirar de la manta juntos.

Estamos al comienzo del caso del Gran Recaudadador.

CASO BÁRCENAS (II). La tentación de tirar de la manta.

LA TENTACIÓN DE TIRAR DE LA MANTA

Es la mañana del 20 de octubre de 2010. El juez Garzón eleva un escrito al Tribunal Supremo. Solicita la comparecencia de varios testigos en la causa que se le sigue de las grabaciones de los presos y letrados en prisión.
Los medios de comunicación destacan la petición de declaración más importante: el juez Pedreira. Ese día, Trías visita al juez. Su opinión es que debe prestar declaración para salvar a Garzón. Pedreira se lo comenta a su amigo, el catedrático Manuel Lozano.
- Es extraño, mira lo que me ha dicho Trías…
-Pero Toni, cómo vas a hacer tú eso… Te está liando…
Finalmente, Pedreira no será llamado a declarar.
El 4 de noviembre de 2010, Manuel Lozano acude a la presentación del libro Liberales en el Círculo de Lectores, en la calle O’Donnell, cuyo autor es el diputado José María Lasalle, santanderino, exalumno suyo en la Universidad de Cantabria. El portavoz de Cultura del PP cuenta en la mesa con la presencia de Mariano Rajoy. Cuando acaba el acto, Lozano, que se ha encontrado con su amigo Esteban González Pons, da unos pasos hacia Rajoy:
- Soy muy amigo del juez Pedreira
- Ah sí…
- Sé que tenéis un parentesco lejano…
- Sí, sí…
Jorge Trías, precisamente, se cruza alguna vez con Lozano en el despacho de Pedreira, pero se intercambian poco más que un saludo.
Trías también ha oído que Lozano, por ser catedrático de Derecho Procesal, colabora en las resoluciones de Pedreira, cosa que Lozano niega. Esa distancia es comprensible. Un intruso se ha adueñado de la atención del juez. Bárcenas vive cada vez con más ansiedad la lentitud del procedimiento judicial. Ni él ni sus abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero tienen dudas de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el órgano conveniente. Trías, a su vez, ya ha consolidado su relación con el juez. Su presencia ante él es algo rutinario, normal. Bárcenas cree que ha tenido influencia en la decisión de sobreseer provisionalmente a su esposa. Una vez a la semana, otras veces dos, un café o una comida. Trías está al pie del cañón en la plaza de las Salesas. Esa ansiedad lleva a Bárcenas a avizorar la posibilidad de presionar al PP para que a su vez utilice más a fondo sus contactos en la judicatura para liberarle de la persecución penal. En esa carpeta de cuero que lleva pegada como una lapa a su cuerpo, ¿qué papeles hay? Depende.
El 29 de noviembre de 2010, Trías visita al juez Pedreira, quien acaba de dictar un auto de importancia por el cual levanta parcialmente el secreto del sumario. Bárcenas se cita ese día 29 con el periodista José Manuel Romero, subdirector del diario El País, en el hotel Santo Mauro de la calle Zurbano, a la vuelta del bufete de Trías. El extesorero no acude solo. Le acompaña Trías. Es Bárcenas quien presenta a ambos. Durante la conversación, Bárcenas ejemplifica asuntos que pueden afectar a personas del Partido Popular. Muestra algunos papeles como la declaración de bienes que ha realizado Jorge Moragas, coordinador de Presidencia y de relaciones internacionales y miembro del comité ejecutivo nacional, en el Congreso de los Diputados. Según dice, hay unos ingresos en actividad por cuenta propia que no ha declarado. Se refiere a la sociedad Ediciones de Cobre, con domicilio en la calle Folgueroles de Barcelona, que ha vendido al PP, el 15 de diciembre de 2008, 100 carteras de mano, de piel, otras 100 de charol y 200 tarjeteros de piel, todo por valor de 7.868 euros. Habla de María Dolores de Cospedal, su bestia negra. Alude a una comida con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en relación a un concurso de limpieza en Toledo. Dicha empresa hace un donativo anónimo de 500.000 euros, pero parece que se ha evaporado.
Bárcenas habla también del patrimonio de la secretaria general del PP y de su compra de la «tradicional finca de campo toledana» situada en Los Cigarrales, Toledo, valorada por la inmobiliaria Knight Frank en 2,3 millones de euros. Asegura, también, que contra lo que se dice, el PP ha pagado una factura de abogados de Jesús Sepúlveda.
Bárcenas, pues, está embarcado en una estrategia de presión sobre el PP y algunos de los dirigentes que identifica como los responsables de su ruina. Pero, aparte de estos trapos sucios de «calderilla», Trías intuye, por lo que le va contando Bárcenas, que posee un cañón Bertha, un mortero de asedio. El registro de entrada y salidas de una parte del dinero que el PP recibe en donaciones anónimas y que presuntamente se distribuye, en muchos casos, como complementos salariales entre la cúpula de la organización durante largos años.
El 30 de noviembre de 2010, el periodista José Manuel Romero vuelve a encontrarse con Bárcenas y Trías. El extesorero del PP le muestra una de las fotocopias de las catorce que tiene. Se pueden ver las anotaciones a mano de las cantidades y nombres escritos en las columnas cuadriculadas. El periodista se quedará durante más de dos años con esa imagen en la retina. No sabe que será la imagen de su desasosiego.
Más tarde Romero y su equipo intentarán llegar a los papeles abriendo otras puertas. Si no los papeles, podrá conocer la versión del otro personaje que supuestamente también ha visado el documento. Fuentes próximas al extesorero Álvaro Lapuerta confirman que esa contabilidad de andar por casa, de tendero de ultramarinos, más que de licenciado de Ciencias Empresariales del Icade-Universidad de Comillas, haberla, hayla. Ese libro de caja donde se consignan pagos de complementos salariales, muchas veces en metálico, otras en transferencia bancaria, existe.
Trías recibe a Bárcenas en su bufete de la calle Almagro 13, donde se reúnen a menudo. Atraviesa con el abogado una pequeña sala repleta de libros. Bárcenas se sienta ante una mesa cuadrada y saca un documento manuscrito. Son catorce fotocopias de un libro de caja, de entradas y salidas, con pagos periódicos trimestrales y semestrales. Hay cuatro folios que pertenecen a un libro de caja, cuadriculado, que fabrica la casa tradicional de papelería de Barcelona Miquelrius y los demás son de otra marca. Hay tres folios que están en blanco. Las anotaciones van de 1990 a 2009. Pero faltan cuatro años: 1993, 1994, 1995 y 1996.
- Quiero que pienses en una estrategia –le dice Bárcenas.
Después de repasar las páginas un momento, a Trías le resulta difícil contener el aliento.
- Pero Luis, esto es gravísimo. Tendría que verlo con detenimiento. Bárcenas le advierte que estos documentos están visados tanto por él como por Álvaro Lapuerta, su jefe hasta que en 2008 le cede el bastón de mando de tesorero nacional. ¿Será cierto lo que afirma Bárcenas?
Trías se sienta en su mesa de trabajo rectangular de madera color roble, a juego con los demás muebles, con un iMac al costado.
Los mira una y otra vez con un lápiz en la mano. Figuran allí empresas que han aportado donaciones anónimas al PP. Presuntos pagos a Mariano Rajoy, bajo las siglas M. R., M. Raj, Mariano, Mariano Rajoy y Mariano R., por valor de 337.373 euros en entregas trimestrales o semestrales, entre 1997 y 2008, según 37 apuntes contables. Hay una partida de 20.787 euros con la notas «Trajes Mariano», «Corbatas presidente» y «Trajes M.R».
Aparecen como presuntos receptores de pagos realizados de manera periódica Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes. Otros dirigentes cobran de manera esporádica. María Dolores de Cospedal aparece con dos presuntos pagos de 7.500 euros trimestrales cada uno en la segunda mitad de 2008, fecha en la que es nombrada secretaria general del PP.
No aparece en cambio el nombre de José María Aznar. Por el lado de los presuntos ingresos, aportan, según los registros, Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo OHL (Obrascón-Huarte-Lain), y Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso en aquella época, con 530.000 euros y 480.000 euros, respectivamente. Mayor presencia con donativos tienen el promotor de Málaga José Luis Sánchez Domínguez, presidente del grupo Sando, que aporta en cinco años 1,15 millones de euros. En 2000, el Gobierno de José María Aznar, cuando Miguel Pimentel es ministro de Trabajo, concede a Sánchez Domínguez la Medalla de Oro al Trabajo.
El nombre de Manuel Contreras o M. Contreras figura con donativos de alrededor de un millón de euros. Corresponde a la empresa AZVI. Manuel Contreras Caro sucede a su padre, Manuel Contreras Ramos, en el año 2005 en la presidencia de AZVI, una empresa familiar andaluza. Hay otros ingresos procedentes de personas imputadas en la trama G ü r t e l como Pablo Crespo, uno de sus cabecillas; Juan Cotino, de Sedesa, y Alfonso García Pozuelo, presidente de Construcciones Hispánica, una empresa que ha hecho negocio con la trama Gürtel. Hay nombres como el de Camilo José Alcalá, presidente de la constructora de obra pública Cyopsa-SisociaJuan Manuel Fernández Rubio, director general técnico de Aldesa Construcciones, Copasa, Copisa; Ignacio Ugarteche, del holding constructor inmobiliario y de servicios vasco Urazca, y Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Unos donativos entregados en 1997 están a nombre de «López H.» por importe de 15 millones de pesetas o 90.150 euros. En 1998, hay otra aportación, esta de 4 millones de pesetas. Al parecer se trata de Ignacio López del Hierro, quien se casará muchos años después, en 2009, con María Dolores de Cospedal.
Está en la soledad de su piso. Suelos de tarima que ha decidido pintar de blanco. Y paredes blancas. Muebles de aglomerado de madera con lamas de color roble realizados en un diseño espartano. Los papeles que le ha dejado Bárcenas le quitan a Trías el sueño. Es como si estuviese en una película. Guarda las fotocopias en una carpeta en la zona de estudio del salón, que está rodeada de librerías color roble. Esta carpeta es el símbolo del desasosiego de Jorge Trías Sagnier. Y de su gran aventura.
El domingo 5 de diciembre de 2010, las partes ya pueden acceder por vía informática a datos hasta ahora secretos del sumario. El juez ha firmado el auto el 27 de noviembre. Entre ellos se cuenta el auto del 20 de abril de 2009 por el cual Pedreira prorrogó la grabación de las conversaciones en prisión.
Pedreira está, también, cada vez más ansioso. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, su presidente, Francisco Javier Vieira, le está urgiendo a resolver la petición de sobreseimientos.
En los últimos meses de 2010, Francisco Álvarez-Cascos presiona a Mariano Rajoy para ser el candidato del PP en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Asturias de mayo de 2011. Pero el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar no las tiene consigo.
Mientras espera la respuesta del partido, Álvarez-Cascos habla con su amigo, Luis Bárcenas, para pedirle consejo. El extesorero del PP propone a Jorge Trías organizar un encuentro en su bufete de la calle Almagro.
Trías conoce a Álvarez-Cascos de la primera legislatura de Aznar. No tiene un buen recuerdo de sus relaciones con el que fuera también secretario general del PP en la época en la que Francisco Correa empieza su relación con el partido. Sus contactos siempre han tenido a Aznar como interlocutor, primero del PP y más tarde de FAES. Pero no pone obstáculo a la propuesta de su amigo Bárcenas.
Los tres se reúnen en el despacho.
Bárcenas le explica a Álvarez-Cascos todos los pasos administrativos para crear una organización política y los pasos para conseguir financiación. Escribe en unos folios, mientras se desarrolla la reunión, el plan de acción. Trías le pide a su secretaria, Margarita, que pase a máquina el documento. Álvarez-Cascos se lo lleva. El original manuscrito de Bárcenas se destruye.
Bárcenas, ahora, a finales de 2010, hace una reserva para un nuevo periplo que tiene previsto realizar en la temporada marzo, abril, mayo de 2011. Quiere practicar heliesquí en lo que llaman «la joya del Atlántico Norte», las montañas de Groenlandia. El 29 de noviembre, Iván Yáñez ordena a madame Stimoli una transferencia de 15.000 euros desde su cuenta de la sociedad Grandal a una cuenta de Beyond Boundaries («Más allá de las fronteras»), la empresa que organiza los viajes por todo el mundo, desde Alaska hasta la Antártida.

¡VIRGENCITA, VIRGENCITA, QUE ME QUEDE CON MI
JUEZ!

El abogado José Antonio Choclán, exmagistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pide la libertad provisional de su cliente, Francisco Correa, en prisión desde primeros de 2009. El juez Pedreira la deniega. La defensa solicita la recusación del juez. Algunos abogados de otros imputados la secundan. Es el caso del exconsejero de la Comunidad Madrid, Alberto López Viejo, y del diputado autonómico Alfonso Bosch. Pero no, gracias, afirma la defensa de Bárcenas. El juez José Manuel Suárez Robledano rechaza la recusación a primeros de diciembre de 2010. Pero la batalla sigue. El abogado de Correa recurre en queja al Tribunal Supremo.
A Bárcenas todo esto no le interesa.
Quiere declarar ante Pedreira. En la última semana de febrero de 2011, su defensa solicita comparecer. El juez le cita para el 28 de marzo. Será la segunda vez que declara, desde su primera comparecencia en el Tribunal Supremo, el 22 de julio de 2009. Pero antes, Pedreira tiene previsto tomar declaración a un empresario. Es el 3 de marzo de 2011. Rafael Naranjo Anegón, expropietario de la empresa Sufi, está acusado de un delito de cohecho continuado. Ha pagado una comisión de un millón de euros en dinero negro por la adjudicación de un contrato de limpieza en Moratalaz, Madrid, en 2004. Y ha sufrido un ictus. Por fin, puede declarar.
El juez:
-Aunque fuese cierta la historia, que yo creo que es increíble, me resulta todavía más exagerada su versión. Es decir, no recuerda dónde ingresó un millón de euros, la cuenta donde ingresó. Recuerda que tenía el dinero en Suiza, pone usted el dinero en lugar de ponerlo la sociedad. Y ahora me dice que con ese dinero se van de viaje… ellos. No sé quiénes son ellos….
R.: -Yo tampoco.
P.: -Y usted reconocerá que la historia es increíble.
R.: -Pues eso le dijeron también a mi hijo cuando le convocaron.
Es la contrata de la limpieza viaria en el distrito de Moratalaz. Naranjo mantiene conversaciones con el consejero de la Comunidad de Madrid, Adolfo López Viejo, responsable de los servicios de limpieza viaria.
El nombre de López Viejo es importante. Está imputado como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Pero Naranjo no identifica a las personas que negociaron con él concretamente el pago de la comisión. Él tiene en aquel momento, siete meses después de la adjudicación, una cuenta en Suiza. A sus interlocutores les viene de maravilla. Puede pagar el millón directamente desde su cuenta a otra que le proporcionan ciertos responsables del Ayuntamiento.
P.: -La cuenta, ¿era privada o de una entidad pública?
R.: -Me dijeron que había que mandarlo a esa cuenta, y lo mandé. Fue una persona del Ayuntamiento. No recuerdo quién. Había una serie de asesores. Lo que sí recuerdo es que nos dio el número de la cuenta a la que teníamos que hacer la transferencia, y es lo que hicimos.
La Fiscal:
-¿Con quién mantuvo usted reuniones en la Comunidad de Madrid?
R.: -Me reuní varias veces con el viceconsejero Alberto López Viejo.
Naranjo sostiene que los pliegos técnicos le obligaban a pagar el 3 por ciento del total de la cantidad que recibiría del Ayuntamiento durante los diez años del contrato. Y, asegura que le dijeron, personal del Ayuntamiento, iba a utilizar el dinero para realizar viajes por Europa con el fin de conocer el servicio de limpieza de otras capitales y para campañas de concienciación ciudadana.
- No solo pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Está muy generalizado en otros Ayuntamientos, pues indica mejoras para la recogida y para el aspecto de la ciudad y para la colaboración ciudadana
El juez:
-Para eso están los impuestos. Para cumplir esa finalidad están los impuestos, no los pliegos especiales.
R.: -No podemos dejar de acudir al concurso. Si es que no, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tienen, pues no sé, las estructuras.
P.: -El primero que tiene la culpa es el que pone el dinero.
R.: -El pliego está tan claro que no había lugar. La otra posibilidad era hacerle un pleito al Ayuntamiento para que quitara eso [el pago del 3 por ciento]. Un contratista no puede ir contra la Administración, porque es suicida. O sea, si han establecido esas reglas del juego.
P.: -Si un contratista no puede ir contra la Administración, no es el imperio de la ley, es el imperio de la arbitrariedad. Aunque en España se ignora, las comisiones rogatorias ya tienen efecto. Bárcenas está preocupado. La mañana del 17 de marzo de 2011, Agathe Stimoli recibe del servicio jurídico una comunicación del Ministerio Público de la Confederación Helvética, que acaba de llegar. Han decidido bloquear la cuenta 2002.594 de la sociedad Granda Global y piden la entrega de información. A las cinco y media de la tarde le envía un fax a Iván Yáñez con la noticia.
El 28 de marzo de 2011, Bárcenas declara durante cuatro horas. Ha llegado con una de sus carpetas. Como ya hiciera ante el magistrado Francisco Monterde, en el Tribunal Supremo, Bárcenas asegura que él no es L.B. y pone a caldo a los autores del informe de la policía judicial, uno de cuyos responsables es el inspector Manuel Morocho Tapia. ¿Por qué no se investigan a otros Luises que aparecen en otros informes?, dice. Se refiere a aquellos que él mismo ya ha nombrado en el Tribunal Supremo: Luis Delso y Luis Bagchus. «Estos informes son inconexos y no hay en ellos prueba alguna de verdad contra mí», explica.
Las fiscales, interesadas por el delito de cohecho que se imputa a Bárcenas, preguntan por los viajes que abona Pasadena Viajes, la empresa de Correa, al extesorero y su familia, que, según viene en un informe policial del día anterior, 27 de marzo, ascienden a 133.262 euros entre 2000 y 2004. Son viajes a Cuba, México, Italia y Suiza, y a ciudades españolas como Alicante, Granada o Marbella, de los que se benefician Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y familiares directos de ambos. El citado informe revela, además, que Correa colocó a Alberto Bárcenas, hermano del extesorero, en una empresa vinculada a la red, denominada Gabinete de Viajes, y que sufragó parte de su nómina, en total unos 20.000 euros.
Bárcenas, cuyo objetivo es mostrar gran aplomo ante el juez Pedreira, que ve por primera vez su actuación, afirma que se ha pagado los viajes de su bolsillo, y que nunca favoreció a las entidades de Francisco Correa y Pablo Crespo a la hora de adjudicarles contratos. En este punto, intenta impresionar al juez. He sido yo, viene a decir, quien les apartó del PP. El juez presta mucha atención a sus argumentos.
Pese a la documentación, Bárcenas se resiste a justificar alguno de estos viajes a preguntas de las fiscales, como, por ejemplo, uno que años atrás hizo a Alaska por valor de 20.000 euros. En ciertos momentos, pese a su contenido aplomo, le sale el Bárcenas que lleva dentro. Sin perder los nervios, pero displicente, dice que él «no tiene por qué dar explicaciones» de los viajes que realiza. Pero, quizá en atención al juez, matiza su pasión por los deportes de riesgo, y asegura que este viaje a Alaska, donde practica heliesquí, se lo pagó él, como todos los demás.
También explica por qué ha devuelto el crédito de 325.000 euros cuyo destino era pagar un cuadro del pintor barroco Juan Van der Hamen y León, afincado en Málaga, que nunca se compra. La mujer de Bárcenas es aficionada a la restauración de muebles y querían adquirir la obra como inversión, para revenderla por 450.000 euros una vez restaurada. Al darse cuenta de que la operación no iba a ser rentable desisten de la compra. Ahora bien, en otro gesto dirigido a Pedreira, el extesorero admite que comete el error de no incluir en su declaración patrimonial de 2002 el importe de ese crédito.
No es cierto que la contratación con las empresas de los señores Correa y Crespo ha sido extraña ni irregular, sostiene Bárcenas, y que su amistad se rompió en 2004, motivo por el que aquel se refería a él como «Luis el Cabrón».
Por tanto, a tenor de lo que dice, L.B. no es Bárcenas, pero sí que es Luis el Cabrón. El extesorero quiere sacar la parte buena para él de la anotación. En tono de confesión, señala que, en cuanto tuvo constancia de irregularidades en las actuaciones de Correa, se reunió con otros dirigentes populares y él personalmente le comunicó a Mariano Rajoy la conveniencia de romper las relaciones comerciales con sus empresas, una instrucción que también se envió a Valencia. Bárcenas ha reconocido que el líder del PP hizo caso a su consejo, al contrario de Valencia, que siguió contratando con el jefe de la trama.
Bárcenas ataca a la Policía. Pero también critica la actuación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. «Se muestra más complaciente con Bono que conmigo», en alusión a que la Fiscalía no ha emprendido acciones contra el exministro José Bono a raíz de las denuncias contra él por el incremento de su patrimonio. Se queja del perjuicio que su imputación durante casi dos años ha supuesto para su reputación laboral.
Todas las demás acusaciones, son, según Bárcenas, una fabricación. Según los informes policiales, basados en la contabilidad B, contenida en el pen drive del contable José Luis Izquierdo, habría percibido de la trama cerca de 1,3 millones de euros en comisiones por mediar ante Administraciones gobernadas por el PP para obtener contratas a favor de la red de empresas corruptas o empresas afines, como Tecnología de la Construcción (Teconsa).
Entre esas comisiones, la Policía actualiza informes anteriores, según los cuales Bárcenas cobró 18.600 euros en relación con la adjudicación en 2003 de la variante de Olleros de Alba (León) a la firma Teconsa; otros 24.000 por otra carretera adjudicada también a Teconsa en Villanueva de Mena (Burgos), y otros 60.000 por la adjudicación a una Unión Temporal de Empresas (UTE), en la que también estaba Teconsa, de una planta de tratamiento de residuos en la provincia de Salamanca.
Según el informe policial, Bárcenas no paga los viajes, pero obliga a la red a emitir facturas como si los hubiese abonado. La Policía fundamenta su afirmación en la propia declaración de Miguel Ángel Esteban, director financiero de la empresa que tramitó esos viajes por indicación de Correa, Gabinete de Viajes, administrada por Inés Fierros, muy amiga en su día del jefe de Gürtel.
Esteban señala que Barcenas pidió que le hicieran justificantes de que él pagaba los viajes, pero «la realidad» no era esa. Según Esteban, los abonó la sociedad de Correa Special Events, una sociedad que también emitió facturas ficticias a entidades vinculadas al PP, al Grupo Popular Europeo y al PP de Castilla-La Mancha para ocultar los beneficiarios de los viajes. Todo este sistema de compensación a través de facturas ficticias, que recuerda al caso Filesa del PSOE, aflora en la entrada y registro de la Policía en la nave del polígono industrial de Alcorcón, perteneciente a la empresa Easy Concept. Allí, precisamente, había archivadores en la que se hacía referencia a la boda de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar.
Bárcenas se marcha del Tribunal Superior de Justicia de Madrid bastante contento. De esta carpeta que ha llevado han salido datos en línea con lo que ya había aportado su esposa al final de su declaración, hace ahora casi un año, antes de su sobreseimiento provisional. Pero, en cambio, la carpeta de los trapos sucios se queda en su domicilio.
¿Repetición de la jugada? ¿Correrá Luis Bárcenas la misma suerte que su esposa, a quien el juez Pedreira, tras su declaración, le ha anulado la imputación? Pedreira ha quedado impresionado por la seguridad de Bárcenas.
Aunque habitualmente discreto sobre lo que pasa en el juzgado, comenta con el catedrático Lozano que el extesorero del PP le ha dado vuelta y media al informe del inspector de Policía Morocho. Lozano considera que tanto él como Pedreira son garantistas. Que sin pruebas más o menos sólidas prefieren levantar una imputación a mantenerla. Lozano, en cambio, ve con preocupación a otro imputado:
José Ramón Blanco Balín. Este y su esposa le piden a Lozano que interceda ante Pedreira para que le reciba. El juez se niega y sugiere que Blanco traiga el dinero que se había llevado fuera y pacte con la Fiscalía Anticorrupción.
El catedrático Manuel Lozano recela de Trías. Sobre todo, cuando el juez le cuenta que Trías le ha pedido que declare a favor de Garzón en el Supremo. Y se lo dice.
- Toni, no sé yo, pero quizá hayamos dejado a Federico Trillo al margen y no es bueno. No sé, me da que no es bueno.
Pedreira teme a Trillo. No verle el rostro frente a frente ha sido todo un alivio para él. A mediados de abril de 2011, el juez anuncia a la prensa, en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se plantea acabar la
instrucción de la causa antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011 con un auto de imputación de más de sesenta acusados. A los diputados autonómicos de Madrid les falta tiempo para renunciar. El exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, el exportavoz adjunto Benjamín Martín Vasco y Alberto Bosch, quieren dilatar más el cierre.
Su renuncia al fuero supone enviar la causa a otro tribunal, la Audiencia Nacional. Cualquier cosa es preferible. Entregan su renuncia el 28 de abril de 2011.
La mañana del 29 de abril, la Asamblea de Madrid, sin perder un minuto, hace efectiva la dimisión. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pregunta a la Fiscalía Anticorrupción cuál es el destino que debería darse al sumario. Esto es: ¿qué tribunal debe continuar la investigación?
El tiempo apremia. El juez tiene sobre la mesa la petición de sobreseimiento de Luis Bárcenas.
Trías propone al juez Pedreira, a sugerencia de Bárcenas, mantener un encuentro en su despacho de la calle Almagro con una figura del PP de rango importante para que le explique la posición del partido en el caso. El cónclave será con Alfredo Prada, exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Trías se lo vende a Pedreira como lo que es: un hombre de confianza de Mariano Rajoy. Es actualmente responsable de la Oficina del PP en el exterior.
Pero, bueno, eso no importa. Lo mismo que puede representar al PP en el exterior, este licenciado en Derecho por la Universidad de León y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos puede ofrecerle la visión del PP, con mayor autoridad que Trías. Al juez Pedreira le parece una buena idea.
Pedreira, acostumbrado a moverse en taxi por la ciudad, se acerca a pie desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al despacho de Jorge Trías, en la calle Almagro. Sube las escaleras a la primera planta del edificio. Y allí, en el despacho de Trías, el mismo que frecuenta Bárcenas, en la misma mesa cuadrada, Pedreira escucha a Prada.
El representante del PP ante las organizaciones del exterior hace una presentación sobre el caso. Explica al juez que no hay un problema de financiación ilegal y que, en todo caso, se trataría de un grupo que se habría enriquecido a costa del partido. Le explica al juez que es inocente y que la batería de pruebas contra él es muy endeble.
El juez, que ya tiene una idea por la viva impresión que le ha causado el extesorero en su comparecencia, se aproxima a una decisión.
Problema: el propio juez ha ordenado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción varias diligencias en relación con Bárcenas. Una de ellas es el informe definitivo sobre el delito contra la Hacienda Pública solicitado a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria. Otra es esperar a los resultados de la comisión rogatoria enviada a Suiza en relación con una cuenta corriente del extesorero. Y hay pendientes declaraciones. Pero, de todas formas, ¿acaso la pérdida inminente de la competencia en el caso no le impide tomar decisiones relevantes que deberían ser adoptadas por el tribunal que se haga cargo de continuar la instrucción? Empieza una carrera contrarreloj.

«¡HAY UN CURA, JORGE!»

El 4 de mayo de 2011, el extesorero del PP, Rosendo Naseiro, comparece ante el juez Pedreira. Aunque la prensa presenta su testimonio como un respaldo total a la coartada de Bárcenas sobre la compraventa de obras de arte, Naseiro se ha tentado la ropa. Confirma que le pide el dinero, 325.000 euros, a su amigo, y que este debe pedir un préstamo. Pero aporta un matiz y es que no admite que, como asegura Bárcenas, le hubiera entregado el dinero. Ya no lo necesitaba y compra los cuadros en el extranjero con su dinero y le da a Bárcenas 5.000 euros para compensar los gastos del préstamo. Niega, por otra parte, que Bárcenas hubiera tenido intención de comprar esos cuadros, y que se reuniera con él y con los marchantes de arte para la venta de los mismos.
El juez Pedreira pregunta si dispone de las facturas de la compra de esos cuadros. No, responde Naseiro. Ha pasado mucho tiempo y son muchas las compraventas que ha realizado en los últimos diez años.
Pedro Gómez de la Serna, el integrante del dúo dinámico que Javier Arenas ha ordenado formar con Trías para seguir los pasos de Pedreira, ve con cierto asombro la relación de amistad, personal y jurídica, entre el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el hombre que va tocado de sombrero Stetson, el catedrático Manuel Lozano. Le parece una personalidad extraña. El 9 de mayo de 2011 está todavía más sorprendido. Pero es por otra cosa. Sabe que en esta carrera contrarreloj en la que está Luis Bárcenas para conseguir que el juez Pedreira anule su imputación, ha aparecido detrás de los bastidores un cura. Al reunirse con Trías, le dice:
- ¡Hay un cura, Jorge!
- Cómo dices, ¿a qué te refieres?
- Lo que oyes, hay un cura en esta historia.
Bárcenas ha tocado a un cura…
- Pero qué me dices, me habría enterado.
Luis jamás ha dicho palabra.
Pedreira está, por aquellos días, dispuesto a cumplir su plan de terminar la instrucción.
Faltan trece días para las elecciones municipales y autonómicas. Y tiene previsto tomar quince declaraciones.
El 10 de mayo, un día después de que Gómez de la Serna, que actualmente es diputado por Segovia y portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, revelara a Trías la presencia de un cura en la historia, la Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal de Justicia de Madrid que el caso Gürtel, ante la renuncia de los aforados de Madrid, se envíe para continuar la instrucción al Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, ahora, tras la suspensión de Baltasar Garzón, en manos del juez Pablo Ruz. A petición de la Fiscalía, el juez Pedreira suspende varias declaraciones, aunque por interés de las fiscales mantiene otras. El 8 de junio de 2011, finalmente, el juez dicta un auto.
Decide: «Inhibirse, por pérdida sobrevenida de la competencia, del conocimiento de la presente causa, acordando su devolución al Juzgado Central de Instrucción n° 5» de la Audiencia Nacional.
El juez señala que «la pérdida de la competencia de esta Sala para el conocimiento de las actuaciones implica la cesación, desde la firmeza de esta resolución, de toda actividad instructora en esta causa por el magistrado instructor y para el conocimiento por este tribunal de los recursos contra sus decisiones, salvo en aquellas actuaciones que sean imprescindibles su práctica por su urgencia o inaplazabilidad, hasta la materialización de la remisión de la causa al Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional».
La clave está en catorce palabras: «Salvo en aquellas actuaciones que sean imprescindibles su práctica por su urgencia o inaplazabilidad». El juez, cuando la resolución ya no puede ser recurrida, y es, por tanto, firme, cesa en su instrucción… salvo si se trata de asuntos de urgencia. La defensa de Correa quiere que el caso vuelva a la Audiencia Nacional sin más dilaciones. Bárcenas no quiere que salga de las manos del juez Pedreira.
Aquel mes de junio de 2011, el catedrático Manuel Lozano cumple 62 años. A la cena que organiza para festejarlos acuden diversas personalidades. Su amigo Esteban González Pons es una de ellas. Otra, cómo no, es el juez Antonio Pedreira. Lozano presenta a ambos. Y mantienen una charla animada.
Pedreira le cuenta algo que Lozano ya le había dicho y es que había aceptado defender, en 1981, al capitán de intendencia José Cid Fortea, uno de los militares acusado en el 23-F.
González Pons tiene el sentido común, aunque deba morderse la lengua, de no mencionar el tema que como un espectro ronda en aquellos días todas las conversaciones: el caso Gürtel.
El juez Pedreira recorre por aquellas fechas la fase final de la instrucción y ya está perfilando la decisión sobre el sobreseimiento de Bárcenas. No dice ni pío.
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve el 20 de julio los recursos. Señala que no cabe el recurso de casación y confirma la inhibición a favor de la Audiencia Nacional. El envío del sumario es la única actividad pendiente.
Es Jorge Trías quien, después de la confidencia de Gómez de la Serna, tiene la mosca detrás de la oreja. Él, que se siente tan próximo a Bárcenas y que está trabajando codo a codo con él, que ha convocado al juez Pedreira y a Prada a su propio despacho para hacer una escenificación frente al juez, desconoce que hay otra persona que puede estar actuando en la sombra. Y nada menos que un cura. Se dice a sí mismo que es una historia completa: políticos, comisiones, sobresueldos, abogados, magistrados… y un cura. Están todos los que son. Se encuentra, en ese momento, compitiendo con un cura. Él quiere salvar a Bárcenas, pero parece que esa salvación está encomendada a un representante de Dios.
Cuando ve a Bárcenas, que está esperando a Godot, es decir, la decisión de Pedreira, le dice:
- No me has dicho nada sobre el cura, Luis. Así que hay un cura que tiene gran influencia en el juez…
- Sí, yo le conozco. Ya estoy en contacto con él.
Trías advierte una cosa. Bárcenas no quiere hablar más del tema. No sabe el abogado quién puede ser el sacerdote. Ignora las relaciones de Pedreira, más allá de su amistad con el catedrático de Derecho Procesal, Manuel Lozano. Ha visto en alguna ocasión, en el despacho de Pedreira, a un hombre de gafas de metal, pelo gris, de mediana estatura. Pero no ha prestado atención.
Están hablando, sin saberlo Trías, de Francisco Santos. El cura conoce a muchos dirigentes del PP y del PSOE. Y a abogados y hombres de negocios. Será más conocido, el jueves 29 de septiembre, por un crimen en la iglesia de Santa María del Pinar: el sacerdote, que va a oficiar la misa de San Miguel, sale a encender las velas y regresa a la sacristía para vestirse cuando escucha las detonaciones. Un perturbado, Iván Berral, mata de un disparo a Rocío Piñeiro Oitavén, joven gallega embarazada y hiere de gravedad a otra feligresa, María Luisa Fernández. El cura sale hacia la escena del crimen. Ve al asesino en el altar con la pistola y antes de que pueda hacer algo, el hombre se suicida de rodillas ante medio centenar de fieles. El bebé nace mediante cesárea en el propio templo.
El confesor de Antonio Pedreira lo será, mira por dónde, también de Luis Bárcenas, quien visita la iglesia Santa María del Pinar, escucha las palabras del sacerdote y le pide que le confiese.
¿Qué había sobre esta relación entre Bárcenas y el padre Francisco Santos? En la tarde del 6 de marzo de 2013, después de almorzar, el catedrático Manuel Lozano y el autor de este libro visitan, previo aviso, la parroquia. Se habla de Pedreira y de lo mucho que le había apoyado para que estudiara e incluso ejerciera de abogado. El autor visitó al sacerdote solo una semana más tarde. He aquí lo que hablaron en ambas entrevistas.
- ¿Ha venido Luis Bárcenas por aquí? - Sí, ha venido varias veces. Una vez
acudió a la iglesia y después de escuchar mi homilía se acercó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que le había gustado mucho lo que había dicho. Y, acto seguido me preguntó si podía confesarle. Por supuesto, lo hice. Vino varias veces, alguna de ellas con su esposa. Cuando murió su madre, en julio de 2012, asistía con mayor frecuencia. Fue una gran sorpresa para él. Estaba golpeado. Y venía, se sentaba y hablábamos.
- ¿Puede ser que su acercamiento tuviera que ver con el hecho de que conocía su relación personal tan estrecha con su amigo, el juez Pedreira?
- Yo nunca hablaba con el juez de los casos que llevaba. Jamás, Antonio Pedreria nunca decía nada.
- Quizá pensara Bárcenas que una relación religiosa con usted lo conectaba, a través suyo, precisamente, con el juez.
- Yo estas cosas las llevo como compartimentos separados.
Jorge Trías se pasa por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el miércoles 27 de julio de 2011. Horas decisivas. El juez Pedreira ya tiene prácticamente listo un auto en el que lleva trabajando desde poco después de la declaración de Bárcenas en el mes de marzo. Pero no dice una palabra. Trías y Pedreira se despiden hasta septiembre, tras las vacaciones. Al día siguiente, 28, la defensa del extesorero del PP presenta un recurso de queja ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar el caso a la Audiencia Nacional.
Bárcenas quiere blindar al juez Pedreira, a pesar de que este ya ha perdido la competencia.
El juez firma el auto de sobreseimiento de Luis Bárcenas el 29 de julio de 2011. Pero lo mantiene en secreto. Según el juez, ninguno de los delitos que se le imputa (contra la Administración Pública, fraude fiscal y blanqueo de capitales) tiene fundamento.
Pedreira, en realidad, en lugar de dictar un auto de sobreseimiento provisional, elabora una sentencia exculpatoria. Francisco Correa es el malo de la película y Luis Bárcenas el bueno, el que lo quita del PP. «Las relaciones entre Correa y Bárcenas eran malas. Bárcenas advirtió de la conducta irregular de Francisco Correa y la conveniencia de apartar a Correa y sus empresas de las relaciones con la dirección del Partido Popular». Los indicios relacionados con los delitos imputados no tienen relevancia. Tampoco la comisión rogatoria pendiente en relación con la posible cuenta en Suiza, sobre la cual han alertado las autoridades helvéticas al solicitar Bárcenas la nueva tarjeta Visa, que ha sido denegada.
Donde Pedreira ha dicho, a lo largo de su propia instrucción, digo, ahora, cuando ya ha perdido la competencia y se supone que solo puede adoptar decisiones de «urgencia» e «inaplazables», dice Diego.
Pedreira convierte la resolución en una bomba de efecto retardado. Pasa el mes de agosto, y el juez pone en conocimiento de las partes su auto de 29 de julio el 1 de septiembre. Nada más conocer por las fiscales la decisión, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, atina a susurrar:
- El viejecito nos ha engañado…El juez, pues, ha sobreseído provisionalmente a Bárcenas y a Jesús Merino.
Quedan más de una docena de imputados del PP en la causa: el expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que es miembro del PP, también imputado en la rama valenciana del caso Gürtel, acusado de cohecho impropio y pendiente de la fecha de su juicio; el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el exvicepresidente de la Generalitat y exsecretario de Organización del PP valenciano, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana, Rafael Betoret. Tres exdiputados autonómicos de la lista del PP de Madrid, aun cuando ya no están en el partido siguen imputados: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. Hay también cuatro exalcaldes: Arturo González Panero, de Boadilla; Guillermo Ortega, de Majadahonda; Ginés López, de Arganda, y Jesús Sepúlveda, de Pozuelo, y el exedil de Boadilla, José Galeote.
El 2 de septiembre de 2011, un día después de conocerse la resolución de exculpación de Bárcenas, Jorge Trías visita al juez Pedreira. Será uno de los últimos encuentros entre abogado y magistrado. Siguen en comunicación, pero la decisión del juez sobre Bárcenas y su pérdida de competencia del caso Gürtel supone el fin del nexo que vincula a ambos. Trías, como ya había hecho después de que el juez anulase la imputación de la esposa de Bárcenas, en mayo de 2010, vuelve ahora a salir de viaje. Él, el extesorero del PP y un amigo suyo marchan a los Pirineos.
Han preparado una excursión al Tuc de Mulleres, a 3.010 metros de altura, para contemplar, 400 metros más arriba, el pico más alto del Pirineo, el Aneto.
Las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura no terminan de recuperarse del mazazo. El auto de Pedreira ha permanecido en el ordenador entre el 29 de julio y el 1 de septiembre con las vacaciones del mes de agosto de por medio. El 6 de septiembre, completan un recurso de 19 páginas y lo presentan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 7. Todos los indicios racionales de criminalidad, que el juez ha cuestionado, aparecen descritos de manera muy clara. Pero, sobre todo, el primer punto que destaca es el carácter «prematuro» del archivo de la causa para Bárcenas. Impugna la decisión porque contraviene toda la doctrina en la materia. «No solo porque no se ha producido ninguna circunstancia excepcional que determine el archivo acordado antes de finalizar la fase de instrucción, sino también porque quedan aún pendientes diligencias relativas al Sr. Bárcenas Gutiérrez. Diligencias que en su mayoría fueron acordadas por el mismo Instructor y que aún no han sido cumplimentadas», sostiene el recurso.
No obstante, es el recurso del abogado de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, José Mariano Benítez de Lugo, quien ataca la línea de flotación del sobreseimiento provisional dictado por el juez Pedreira. Plantea, lisa y llanamente, la nulidad de dicho auto porque el juez se había inhibido el 8 de junio de 2011.
Tanto Bárcenas como el Partido Popular, personado en la causa, van de la mano.
Presentan recursos el 7 y 10 de octubre, respectivamente, para impugnar a su vez los recursos citados.
Pedreira, por su parte, confirma el sobreseimiento ante los recursos. El juez mantiene «el criterio contextual hermenéutico sobre la falta de identificación de las iniciales ‘L’, ‘LB’ y ‘Luis el Cabrón’ con Luis Bárcenas». Las partes recurren entonces en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y este resuelve que, por haberse inhibido en el mes de junio, pasa los trastos a la Audiencia Nacional.

SUIZA «ENTREGA» A L.B.

Salón de Plenos del Tribunal Supremo,17 de enero 2012. Mariano Rajoy forma su Gobierno el 22 de diciembre de 2011, a algo más de un mes desde la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 con una mayoría absoluta de 185 diputados. El 16 de enero de 2012, el juez Garzón se sienta en el banquillo. Al día siguiente, 17, comienza su declaración ante los siete magistrados del tribunal que lo juzga por un presunto delito de prevaricación a raíz de la grabación de las conversaciones entre imputados y abogados en prisión.
Condicionado por una fuerte afonía, el juez dice desde el banquillo: «Las comunicaciones se intervienen para luchar contra el blanqueo».
Durante los últimos meses, la relación de Trías con el juez Garzón se ha anudado aún más. Le ha visitado otra vez en La Haya, después de aquel viaje de agosto de 2010. Trías le dice que Luis Bárcenas es una víctima del PP, un chivo expiatorio. Garzón le insiste que en ese caso hay una salida. Luis Bárcenas debe colaborar con la justicia.
Trías le refiere a Bárcenas lo que le ha dicho Garzón. Que hay que contarlo todo. Oír la palabra Garzón irrita al extesorero del PP. Reacciona con desdén.
Al hilo del juicio de Garzón, ese 17 de enero, Trías se sienta y escribe sus peripecias en un artículo de opinión. Cuenta en parte su peregrinaje por el caso Gürtel, Y lo titula «Cacería judicial». Lo envía al periódico con el que colabora, el ABC. Pero no es apto para el gusto del diario. En él Trías defiende a Garzón y a Bárcenas. La dirección del diario le explica que Garzón es, para el periódico, indefendible.
Trías decide hacer llegar su columna de opinión a El País, que la incluye en sus páginas del 18 de enero.
El abogado recuerda en su columna que estuvo con Pedreira después de que escribiera aquel artículo de junio de 2009 en el que defendía su independencia. Y su reunión, la primera y única que menciona, con el presidente del PP. «Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia», escribe. «De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido». Y alude a sus reuniones con Pedreira.
«Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión.
Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó el escaño para no perjudicar al partido… Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP».
Trías añade que «al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución.
Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran». Y termina: «Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón.
¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución?».
Bárcenas lo llama. Para él Garzón es la fuente de todos sus males.
- Jorge, es muy desafortunado lo que has escrito.
- No seas simple Luis, si te estoy defendiendo.
- Pero esa admiración que te sale por Garzón.
No es el único que protesta. Habla por teléfono con Pedreira. Lo encuentra asustado.
- Antonio, creo que no te ha gustado mi artículo…
- No, creo que te has pasado. Dices demasiadas cosas.
Trías resume buena parte de su artículo en el programa La Ventana, en una entrevista con la periodista Gemma Nierga, en la Cadena SER.
El 19 de enero, Garzón hace uso del derecho a las últimas palabras en el juicio que concluye. «Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», dice. El juicio queda visto para una sentencia cuyo contenido se puede intuir de antemano. Pero la decisión secreta del caso Gürtel está a 1.151 kilómetros de Madrid. En la Taubenstrasse 16 de Berna, capital de Suiza, sede del Ministerio Público de la Confederación. Los fiscales han firmado, el día 19 de enero de 2012, una resolución que afecta a la comisión rogatoria enviada desde España en la que se solicitan datos sobre la cuenta bancaria de Luis Bárcenas. La resolución, que no se hace pública, informa que se «ha decidido transmitir a un tribunal de instrucción de Madrid los documentos (formularios de apertura, extractos y justificantes) relativos a una cuenta que detenta Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra. Esta remisión se hace en ejecución de una demanda de auxilio judicial en relación con delitos de corrupción y blanqueo de dinero. Los documentos transmitidos han sido reunidos en el marco de un procedimiento penal nacional». Es la cuenta número 8.401489. La petición de auxilio se remonta a marzo y mayo de 2009, pero bien es verdad que en abril de 2010, después del aldabonazo de la Unidad de Inteligencia Financiera Suiza (MROS) sobre la petición de una nueva tarjeta Visa con un límite de 25.000 euros mensuales, se envió una nueva comisión rogatoria por parte del juez Monterde del Tribunal Supremo.
Pero además de la cuenta de Bárcenas, las autoridades suizas también están dispuestas a entregar la cuenta que la sociedad Xetal Intenational Ltd., domiciliada en Road Town, en la isla de Tórtola, capital de las Islas Vírgenes británicas, tiene en el banco Crédit Agricole de Ginebra. Es la empresa pantalla a cargo de Eduardo Eraso Campuzano, de nacionalidad venezolana, y cuyo beneficiario es Francisco Correa.
Si los papeles, que le han sido remitidos al Ministerio Público por el Dresdner Bank y Crédit Agricole, son enviados inmediatamente, como anuncia el Ministerio Público helvético, pueden llegar a lo sumo en tres semanas o un mes a manos de Pablo Ruz, el juez a cargo del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El 19 de febrero, a lo sumo, podrían llegar a Madrid.
Para ello Bárcenas y Correa deberían prestar su conformidad y renunciar a presentar recursos. Tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Penal Federal (TPF) y en caso adverso ante el Tribunal Federal Suizo.
¿Qué contiene la documentación? Solo lo saben los interesados, Luis Bárcenas y Francisco Correa, respectivamente. El extesorero del PP, al margen de sus abogados de Madrid, da orden a sus letrados en Ginebra para recurrir. El argumento es que Bárcenas no ha tenido conocimiento de la decisión de auxilio judicial del 3 de junio de 2009 por parte del Ministerio Público helvético.
La decisión de recurrir supone, sobre todo, ganar tiempo mientras Bárcenas elabora una estrategia. En Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva algo menos de un mes. Un aterrizaje de la cuenta suiza de Bárcenas en la capital, a la luz de la protección del extesorero que le han dado Rajoy y el PP, habida cuenta de que se le sigue pagando 21.300,08 euros al mes, incluyendo pagas extraordinarias, como si trabajase, con las cuotas de la Seguridad Social al día, sería una bomba. El Gobierno, contra todas sus promesas electorales, ha anunciado en sus primeros días una subida de impuestos.
Y se embarca en un plan de austeridad y reforma laboral que redobla la dosis ya aplicada desde mayo de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodrígez Zapatero.
Bárcenas recurre. El material documental permanece en Berna. La cuenta suiza ya es, en adelante, sí, una bomba de efecto retardado.
Tiempo después de publicar el artículo «Cacería judicial», Trías está interesado en promover su candidatura al puesto de Defensor del Pueblo, pendiente de consensuar entre Rajoy y el líder del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba. María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le recibe en La Moncloa. Trías le explica que cree ser un buen candidato de consenso para el puesto. Advierte que su artículo sobre la «cacería judicial» está en el ambiente, aunque nada se dice. Queda en enviarle su curriculum, cosa que hace más tarde al volver a su despacho.

LA EXCULPACIÓN QUE NO PUDO SER

El 9 de febrero de 2012, los siete magistrados del Tribunal Supremo dictan por unanimidad el fallo sobre la grabación de las comunicaciones entre presos y abogados. El tribunal condena al juez Garzón, de 56 años, a «la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, así como el pago de las costas procesales». La inhabilitación es de once años. Por edad, el cálculo es meridiano: Garzón ya no podrá volver a la carrera judicial. Es un golpe definitivo. Irreversible.
Pero la causa, tras la decisión de Pedreira del 29 de julio de 2011 de sobreseer a Luis Bárcenas, comunicada el 1 de septiembre, sufre un vuelco. La resolución de los recursos presentados contra su exculpación muestran que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Ruz elevan a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección cuarta, encargada de resolver nuevos informes de la Policía judicial sobre Bárcenas.
La defensa de este sostiene que son documentos «manipulados y groseros» y «mentiras descaradas». Acusadores y acusados ignoran una cosa: la sala solo va a dirimir si el juez Pedreira podía o no dictar, técnicamente hablando, la exculpación de Bárcenas.
La sala de lo Penal nombra ponente a la magistrada Teresa Palacios. El 14 de marzo de 2012 se decide anular la exculpación de Bárcenas. Al poner en orden cronológico la indiscutible inhibición y pérdida de competencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sala concluye: «Es dable pensar que, dada la parcela que correspondía al magistrado instructor [Pedreira], la labor instructora, no estuviera al tanto de los términos de aquella resolución de 20 de julio de 2011 [pérdida de competencia], ni que considerase la pérdida de competencia para conocer del procedimiento por el Tribunal del que formaba parte». Los magistrados señalan que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid actuó del mismo modo que el juez instructor, Pedreira.
Los magistrados de la Audiencia Nacional son piadosos. Puede que el juez, vienen a decir, se despistara. Y parece que sus colegas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también.
El razonamiento de fondo de la sala es sencillo. Si se diera por bueno, razona, que era necesario resolver los sobreseimientos pendientes y los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ello implicaría asumir que se había decidido, con anterioridad, trasladar a la Audiencia Nacional «un procedimiento penal vacío de contenido».
Por ello, la sala declara la nulidad de la resolución de Pedreira de exculpar a Bárcenas.
El problema, pues, no es la valoración de los indicios contra él, si son suficientes o insuficientes, sólidos o débiles, sino que el juez se excedió en las funciones que le marca la ley. No podía exculparle. Esa era una de las medidas «excepcionales» que, habiendo perdido la competencia, le estaban vedadas. No era «urgente» ni «inaplazable» como se exige.
El juez Ruz, por su parte, reabre la causa por delito fiscal contra Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Según un informe de la Agencia Tributaria, Iglesias pudo defraudar un total de 222.112,58 euros en la declaración del IRPF correspondiente a 2006.
A finales de marzo de 2012, la nueva imputación no impide a Luis Bárcenas formar parte del grupo que, a propuesta de Hannes Webhofer, el fundador y guía de la empresa de heliesquí Beyond Boundaries, inaugura un nuevo destino: Armenia. La idea es cubrir con el helicóptero una distancia de unos 900 kilómetros en una región fronteriza de Irán, Azerbaiján, Turquía y Georgia. Los aterrizajes para empezar a esquiar se hacen a una altura de entre 3.000 y 3.800 metros. «Explorar la marca de un nuevo sitio y ponerlo en el mapa de destinos exóticos de heliesquí» era la propuesta. «La idea era explorar todo el país, todas las sierras desde el norte hasta el sur, haciendo descensos de esquí en el camino de  regiones montañosas donde no se había practicado nunca. También hemos conocido la antigua historia del país en una experiencia única», explica el folleto sobre esta aventura.
El Partido Popular, mientras tanto, reorganiza su departamento de tesorería.
Después de casi dos años en el puesto, José Manuel Romay Beccaría abandona el cargo de tesorero nacional. Le sustituye Carmen Navarro, a quien él había nombrado su número dos en la posición de gerente. Durante la gestión de ambos, Bárcenas ha cobrado 21.300,08 euros cada mes.En Ginebra, los abogados de Bárcenas tienen que seguir atajando la llegada de los datos de la cuenta de Bárcenas en el Dresdner a España. El 13 de junio de 2012, el Tribunal de Quejas del Tribunal Penal Federal, integrante del Tribunal Federal Suizo (Tribunal Supremo), rechaza el recurso. Pero, el 25 de junio, el abogado plantea un recurso de derecho público ante el Tribunal Federal Suizo mediante el cual pretende anular el fallo anterior y el reenvío del caso al Tribunal Penal Federal para obtener una nueva resolución y, subsidiariamente, anular la decisión de cierre de la investigación y lograr el rechazo del auxilio judicial. El tribunal desestima el recurso el 28 de junio de
2012.A partir de aquí los documentos podrían teóricamente llegar a España. Pero también Francisco Correa tiene posibilidad de presentar dos recursos. Encarga el caso a DH Avocats, bufete del abogado Douglas Hornung, rue du Général Dufour, 22, de Ginebra.
Es el verano de 2012. Bárcenas lleva imputado desde el mes de marzo en la Audiencia Nacional. Trías le sugiere que sería bueno reunirse con Álvaro Lapuerta para ver qué se puede hacer. Bárcenas organiza una comida en la vinoteca Lavinia.
- Yo creo que tenéis que ir a ver a Rajoy y aclarar todo este asunto. Mostrarle los papeles y que diga él cuál es la solución.
- Por qué no vas a verle tú, Jorge –dice Lapuerta, no sin ironía.
- Vaya ocurrencia -Álvaro. -Ni en broma. Ya le vi varias veces.
A la salida, Lapuerta se ofrece para llevar a Trías en su Audi al despacho. Pero no vuelven a hablar del tema. Lapuerta, en cambio, empieza a recitar a Molière en francés. Y cuando el coche se detiene en la puerta del bufete de la calle Almagro, aún sigue recitando un buen rato antes de despedirse.
En Madrid, Luis Bárcenas incrementa la presión. El 27 de agosto, Bárcenas y sus abogados se dirigen al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por carta. Le piden que solicite a la UDEF (Policía Judicial) un informe a efectos de mostrar que él no es L.B., L Barc. o Luis el Cabrón. Cosidó traslada la petición a la UDEF y esta se la hace llegar al juez Ruz.
El objetivo del extesorero del PP es evidente. Está intentado rodear al juez a través de un hombre del partido, el director general de la Policía, Cosidó. El juez traslada el escrito a la Fiscalía Anticorrupción. Y, ya en harina, dicta un auto. Explica que la solicitud del informe «se cursa directamente ante el Director General de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada». Esta conducta, añade, «se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida». Señala que la iniciativa «no tiene encaje, cabida o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe». A ojos de Ruz se trata de una «patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación en relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder». Ordena a la UDEF, por tanto, «abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada»
El 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Penal Federal suizo rechaza el primero de los recursos de Correa. Queda un solo cartucho en la récamara, el recurso ante el Tribunal Federal Suizo.Bárcenas sabe, por su parte, que la batalla está perdida. La llegada de los datos a España ya es solo cuestión de unos meses. Le interesa acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy está ofreciendo para recaudar dinero desde el 30 de marzo de 2012. El 19 de septiembre, pues, Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, abre en la sucursal de Bankia próxima a su domicilio, la de Avenida de Bruselas 67 de Madrid, la cuenta 2038 1077 13 6000795043, a nombre de la sociedad Tesedul S.A., la sociedad pantalla de Bárcenas creada en Uruguay. Esta cuenta es el destino de los fondos procedentes de Suiza para ingresar en la Hacienda española el importe resultante de la autoliquidación. Esta sociedad declara un capital de 10.988.040,00 de euros. El importe a ingresar es el 10 por ciento de lo declarado, es decir, 1.098.804,00 euros. El 25 de septiembre de 2012 se transfiere el dinero desde la cuenta del banco Lombard Odier, de Ginebra, a la cuenta de Tesedul en Bankia, y se ingresa en Hacienda.
Los abogados de Correa presentan el 1 de octubre de 2012 el segundo y último recurso en nombre de la empresa pantalla de Correa. Y el 9 de octubre de 2012, los jueces del Tribunal Federal Suizo rechazan la pretensión. Se ha acabado. Tic tac, tic tac…
Mientras avanza el reloj de la bomba suiza, comienza a oírse otro tic tac que se superpone al primero. En enero de 2013, unos días después de Reyes, en Bilbao, se celebra una comida que reúne a un grupo de amigos después de las fiestas. La tertulia pasa de un tema a otro. Se habla de lo que ganan los políticos. Sale el tema de María Dolores de Cospedal y sus ingresos. Unos días antes, el 31 de diciembre de 2012, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica la declaración de actividades, bienes y rentas de los gestores públicos de la región en 2011.
Cospedal ha ganado 88.897 euros por su cargo como secretaria general del PP, 31.775 euros del Senado, 36.082 como presidenta de Castilla-La Mancha y 1.634 euros procedentes de los trienios como abogada del Estado. Uno de los participantes, Regino García Badell, que fuera director de gabinete de Esperanza Aguirre, dice:
- Y, bueno, esto no es nada en comparación con la información que va a
salir…-Pero, ¿de qué estás hablando Regino?
- Pues de los sobresueldos que se repartían en el PP… Me dicen que eso va a salir…

¡BUM!

Ministerio Público de la Confederación, Taubenstrasse 16, Berna, Suiza. Es el 20 de diciembre de 2012. La documentación sobre las cuenta suizas de Luis Bárcenas y de Francisco Correa está en la división de auxilio judicial del Ministerio Público de la Confederación, en Berna. Los recursos que han presentado sus empresas pantalla respectivas, Sinequanon y Xetal International Ltd., les han permitido ganar nueve meses. Para el Gobierno de Mariano Rajoy han sido nueve meses decisivos.
Ese día 20, los fiscales envían el materia a España. El destino es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo 62. De allí, los documentos se remiten a la Audiencia Nacional. El Juzgado nº 5 registra la entrada el 3 de diciembre. El material se une al sumario catorce días más tarde, el 17 de diciembre y se solicita su traducción. El 16 de enero, el juez Ruz dicta un auto.
«La documentación suiza acredita que el verdadero beneficiario económico de la cuenta número 8.401489 abierta en la entidad Dresdner Bank (LGT) de Ginebra a nombre de la entidad panameña Sinequanon sería el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez». El análisis de la documentación presenta estos datos:
1. Que por la entidad bancaria se identifica al cliente, además de con las iniciales «Mr. L.B.», «L.B.» o «L.B.G», también de forma completa, como Luis Bárcenas Gutiérrez, adjuntándose, incluso, copia de su DNI…
2. Que los fondos y valores de esa cuenta, cuyos activos estarían valorados en 14.885.976,99 de euros a finales de 2005; en 19.757.330,31 euros a finales de 2006; en 22.144.832,35 euros a finales de 2007; en 13.673.661,98 euros a finales de 2008 y en 11.853.921,77 euros en octubre de 2009, procederían de otra cuenta aperturada en el mismo banco a principios de 2001 con el número 8.005540.
3. En el año 2009, una vez conocida la investigación que se sigue contra Luis Bárcenas y tras la declaración que prestó en el Tribunal Supremo, el 22 de junio de 2009, el imputado realiza diversas transferencias desde esa cuenta para finalmente clausurarla. Todos sus activos pasan a otra cuenta en la misma entidad bancaria a nombre de Tesedul S.A. En fechas posteriores, el imputado acuerda transferir determinados fondos a la cuenta de Tesedul número 500507 en la entidad Lombard Odier. Según la documentación, Luis Bárcenas mantendría o habría mantenido otras cuentas en Ginebra, una de las cuales sería la número 204337 de la fundación Sinequanon en Lombard Odier.
La noticia, publicada por todos los medios de comunicación digitales en la tarde del 16 de enero de 2013 tiene el mismo efecto que el estallido de una bomba. Durante todas sus declaraciones judiciales, el extesorero del PP ha dicho que viajaba con frecuencia a Suiza por su afición al esquí y al montañismo.
Carlos Floriano, secretario de Organización del PP, al ser preguntado por la cuenta suiza de Bárcenas, dice: «Ya no pertenece al PP». El extesorero viene de cobrar, hace quince días, su nómina mensual desde abril de 2010: 21.300,08 euros.
Jorge Trías lee la información sobre la cuenta bancaria de Bárcenas en Suiza la noche del miércoles 16 y la mañana del jueves 17 de enero de 2013. Y mantiene con Bárcenas un diálogo vía SMS.
- Luis, me debes una explicación.
- No hay que alimentar el tema. Explicaciones, ninguna.
- No estoy de acuerdo. Te equivocas.
- Gracias.
- Yo he dado la cara públicamente por ti. Al menos a mí me debes una explicación. Es cierto o no.
- No es cierto. Esto no tiene nada que ver con la Gürtel. Recuerda que te dije que tenía un fondo que gestionaba en el extranjero.
- Si es eso, dilo. Porque lo que dice el periódico no es eso sino que tienes una cuenta en Suiza y que te has llevado el dinero. Habla con Miguel Bajo, tienes que dar una explicación, convocas una rueda de prensa y te explicas.
- Hablaré con él. Lo tremendo es que la que está alimentando todo esto es la Cospe, que quiere cargarse a los representantes del pasado y que se considera la heredera.
Por aquellos días Esperanza Aguirre tiene una agenda cargada de entrevistas en varios medios de comunicación. Es un road show que le ha preparado su directora de comunicación, Isabel Gallego, para presentar su nuevo perfil político y profesional tras su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a mediados de septiembre de 2012. El jueves 18, en plena efervescencia por la cuenta suiza de Bárcenas, visita la redacción del diario El Mundo y mantiene un encuentro digital. Más tarde, el diario se pone en comunicación con María Dolores de Cospedal. Quiere saber si es verdad, como le dicen varias fuentes a las que da crédito, que en el PP se han pagado durante años sobresueldos a la cúpula del partido.
Cospedal explica cómo su llegada a la secretaría general ha cambiado esas prácticas.
Al día siguiente, viernes 18, el periódico abre su portada con la noticia: «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP». Según informa, cinco fuentes aseguran que cada mes el entonces tesorero «distribuía sobres con cantidades entre 5.000 y 10.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato». Añade que «con el dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones se daba también protección a amenazados por ETA». El diario dice que según sus fuentes del PP «Rajoy, que no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica». En la información se asegura que ella tampoco ha cobrado sobresueldos.
Eduardo Zaplana comenta en privado:
- Yo no tengo ningún problema. Nunca he cobrado nada del partido. Lo que pasa es que esto se sabía. Muchos dirigentes decían que si no fuera por el dinero que cobraban no llegaban a fin de mes. Ahora, mucha gente me llama para que diga quiénes cobraban. En lugar de negarlo, el partido debería pedir perdón. A partir de ello sería posible recuperar confianza.
Ese día, viernes 17 de enero de 2013, los abogados de Bárcenas declaran que las empresas del extesorero se han acogido a la amnistía fiscal por valor de 10 millones de euros. Miguel Bajo, en relación a los sobresueldos, declara que «el PP tiene que abrir una investigación y la Agencia Tributaria
otra». Según Bajo, «aquí lo único que se dice es que alguien entrega en unos sobres, un dinero. Eso carece de significación, desde el punto de vista de la ilicitud, mientras no sepamos de dónde procede el dinero», razona.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no puede creer que Bárcenas se haya colado en la amnistía. ¿Cómo es posible que yo no lo sepa?, pregunta a sus colaboradores.
Hacienda no tiene constancia del nombre de Luis Bárcenas, que, según la ley de regularización, tiene hasta final de 2013 para aparecer como titular de la empresa que se haya acogido a la amnistía. Pero Montoro no puede dejarlo pasar. Aunque es claramente una intervención partidista, ordena a la Agencia Tributaria decir que Bárcenas no ha blanqueado el dinero. «La Agencia Tributaria aclara ante las noticias aparecidas en prensa sobre las afirmaciones de su abogado, que Luis Bárcenas no se ha acogido a la Declaración Tributaria Especial, desmintiendo así las declaraciones de su abogado», dice en un comunicado.
Los dirigentes del PP, que ya tartamudean al conocerse la cuenta suiza de Bárcenas, intentan ahora ante los sobresueldos salir como pueden. María Dolores de Cospedal dice en la Cadena Cope: «A mí no me consta de ninguna manera y se lo digo rotundamente, rotundamente, que eso se haya producido, desde luego en mi etapa como secretaria general. O sea, eso lo tengo que decir con toda claridad y tajantemente. Y tampoco me consta que se haya producido con anterioridad. Pero en cualquier caso, durante mi etapa de secretaria general le tengo que decir que no me consta y que… bueno, que no se ha producido, no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente. Porque yo, desde que soy secretaria general de mi partido y así asumí mi responsabilidad, actué como creí que tenía que actuar y como me dijo Rajoy, como es lógico y normal, que tenía que actuar, dándome completa libertad de acción en los asuntos internos de la casa. Y esa libertad de acción pasa por una transparencia y una pulcritud absoluta en la gestión de las cuentas».
Es una respuesta parecida a la explicación que ofrece en la víspera al ser consultada por el periódico El Mundo, que finalmente publica la información. Porque ahora, ante esa noticia, su versión de los hechos pone el acento en «su etapa» como secretaria general. Por dos veces habla de «su gestión». Esto irrita a alguno de sus predecesores. Es el caso de Javier Arenas, que fue secretario general entre 1999 y 2003, quien explica: «Nunca he tenido conocimiento de esa práctica. No me consta en absoluto que se haya producido en la dirección nacional del partido. He recibido estas informaciones con muchísima sorpresa. Y desde luego, no me consta en absoluto que en mi etapa se haya producido el pago en sobresueldos a través de ese dinero que se conoce como B».
La diferencia la marca la expresidenta de la Comunidad de Madrid. En Los desayunos de TVE, dice que «es una crisis institucional gravísima. Hay que llegar hasta el final y caiga quien caiga». El caso de los presuntos sobresueldos debe ser estudiado «a fondo» y, de confirmarse, señala, sería «un escándalo político-financiero tremendo». Mariano Rajoy, ¿debería intervenir? Esperanza Aguirre recuerda que ya en el caso Naseiro, que afectó al PP, se hizo una investigación interna, que estuvo dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no sabe si ahora habría que hacerlo.
Ese mismo día, en la conferencia intermunicipal que el PP celebra en Málaga, la secretaria general vuelve sobre el asunto. «En el PP, quien la hace la paga y que cada uno aguante su vela», dice.
Un día más tarde, se espera a Rajoy en Málaga. Nada más subirse a la escalera mecánica que le lleva a la sala de la conferencia, un periodista pregunta:
- Señor Rajoy, ¿hubo sobresueldos en el PP?
- Sí, hombre -susurra el presidente, con un mohín irónico.
En el Palacio de la Moncloa, en medio del naufragio, se conserva cierto sentido del humor. Dicen que ya han logrado conocer las «cinco fuentes» del periódico. Una es Esperanza, la segunda Aguirre, la tercera Gil, la cuarta de, y, por fin, la quinta es Biedma. Cinco palabras con el nombre y los apellidos de la presidenta del PP de Madrid.
Ese fin de semana, Jorge Trías cavila en su piso de la calle Antonio Maura. Tiene que hacer algo, se dice. Piensa en la fotocopia del libro de entrada y salidas de Bárcenas.

CONTARLO PARA VIVIR

Trías redacta el fin de semana del 19 y 20 de enero un artículo para publicar en la edición del diario El País el lunes, día 21 de enero. En «Sombras y certezas», como lo titula, el abogado escribe que:
Al margen de lo que hagan fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez Cascos, exsecretario general; Ángel Ácebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, José Manuel Romay Beccaría y la actual tesorera.
Retoma el tema que ha hablado con Bárcenas por teléfono al conocerse, el jueves 18, su cuenta en Suiza. «No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado», señala.
Y, sobre la base de la fotocopia de las catorce páginas del cuaderno manuscrito de entradas y salidas de Bárcenas, va a la yugular del problema: «Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas - legales hasta hace unos cuatro o cinco años- y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir».
Trías se involucra todavía más.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una
explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Y subraya: «Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia».
Trías sabe que la contabilidad manuscrita que llevaba Bárcenas, con el presunto visé de este último y de Álvaro Lapuerta, registran a Rajoy y Cospedal como presuntos receptores.
«En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo», dice no sin antes dejar constancia de su relación personal con Bárcenas, «con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro».
Se hace eco de manera implícita de aquello que le ha dicho el extesorero en sus mensajes del jueves 18. «Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad», advierte. Y concluye así: «Que cada palo aguante su vela, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal.
Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy».
El diario realiza con los extractos principales una información aparte para destacar el artículo, que titula: «Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos».
El 21 de enero, María Dolores de Cospedal, preguntada sobre lo que dice Trías, explica en la Cadena SER:
- Eso parte de que le demos credibilidad a ese señor, yo no se la doy. En absoluto. Él dice que él cree y él sabe que eso se hacía. Que diga quién lo hacía, que diga cómo, que diga por qué lo sabe él. Porque si no, no me vale en absoluto. Los servicios jurídicos del Partido Popular están estudiando acciones judiciales.
Esto de que un señor diga «esto se estaba haciendo» y no lo demuestre, no lo puede decir alegremente.
Trías, seguro de que Bárcenas debe de haber leído su artículo, le envía un mensaje. Pero el extesorero dice no haberlo visto.
- Luis, lee mi artículo con atención. Verás por qué se cabrea la Cospe. Te echo un cable, que no seas el palo que aguante la vela…
- Lo leeré, la operación contra Mariano es asquerosa.
Al día siguiente, Trías recibe una llamada de Álvaro Lapuerta.
- Jorge, te quiero dar una explicación, ya que la pides.
- A mí no me tienes que dar ninguna explicación. Ya sé que tu no te has llevado dinero y que no lo necesitas.
- No me he llevado nunca ni un duro. Lo que pudo hacer Luis, no tengo ni idea.
El 22 de enero, El País publica una entrevista con Jorge Trías. «De los sobresueldos debió quedar constancia en la contabilidad del PP», es el título. He aquí los tramos esenciales:
P.: -Usted ha escrito: «Por lo que yo pude saber, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes». ¿A qué se refiere cuando dice «por lo que yo pude saber»?
R.: -Cuando he hecho esta afirmación es porque estoy muy seguro de lo que he dicho. El País también informó sobre ese extremo.
P.: -¿Tiene explicación lo que se hizo?
R.: -Puede tener una explicación: que una parte de ese dinero procedente de donaciones anónimas se ingresaba en la cuenta corriente destinada al efecto, y otra parte era la que se entregaba a los dirigentes como sobresueldo, de la que no quedaba constancia en ninguna cuenta bancaria, pero sí debió quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP.
P.: -¿Ha visto esa contabilidad?
R.: -Hombre, he visto la que me han enseñado, pero no puedo acreditarlo.
P.: -¿Cree usted que los dirigentes del PP, empezando por Rajoy, deben hacer públicas sus declaraciones de la renta para averiguar si hubo alguna anomalía?
R.: -Sí. Rajoy acabó con esas malas prácticas, pero desconozco en qué momento. Hablo de malas prácticas, no de ilegalidades.
P.: -¿Malas prácticas de las que también se beneficiaron Rajoy y Cospedal?
R.: -Lo desconozco. La irregularidad, para ser precisos, no está en dar la cantidad sino en recibirla y no declararla, porque si la han declarado no hay irregularidad. Y si no la han declarado, por lo que yo sé, tampoco han incurrido en un delito fiscal, pero sí en una infracción tributaria y, en cualquier caso, en un escándalo político.
P.: -¿Sabe si ese dinero procedía de comisiones ilegales cobradas a constructoras por obras?
R.: -No. Solo donaciones anónimas que se sabía perfectamente quién las entregaba, pues para el partido no era anónima. Todos los partidos se sobrefinanciaban así. Unos llevaban mejor que otros la contabilidad.
P.: -Usted habló con Rajoy sobre el caso Gürtel. ¿Qué le dijo?
R.: -Le expliqué que había que llegar hasta el final de este asunto, y que había que dar una explicación, y que no podían quedar sombras de duda porque se convertían en luces de certeza. Quiero dejar claro que admiro su titánico esfuerzo por enderezar una situación económica muy compleja. Les animo a él y a Rubalcaba a que asuman un programa de regeneración moral convincente.
P.: -Usted estaba convencido de que Bárcenas era inocente…
R.: -Lo de Bárcenas puede tener una explicación. Cuando se producen los pagos, él era el gerente y recibía instrucciones. Bárcenas tenía un sueldo muy alto, lo que puede sorprender o no, pero un sueldo muy alto que según creo lo tenía absolutamente declarado. Pero de sus negocios no tengo ni idea. Deberían preguntárselo a él.
P.: -Bárcenas se llevó el dinero a Suiza sin declarar.
R.: -No tengo ni idea. Me remito a lo que publicó El País, cuya información suministró su abogado.
P.: -Usted hace una declaración de amistad hacia Bárcenas pase lo que pase. ¿No le decepcionó?
R.: -Desconozco si se lo ha llevado o no. Los amigos los tengo, con el activo y con el pasivo. Y yo soy amigo de Bárcenas, y hemos ido a la montaña juntos, y hemos pasado momentos muy buenos. Me dolería que le pasase algo malo, pero me consideraré siempre amigo suyo. No doy la espalda a un amigo por lo que haya hecho, me decepcione o no me decepcione.
P.: -¿Ha hablado estos días con Luis Bárcenas?
R.: -No. Le envié un mensaje diciéndole que yo creía que tenía que dar una explicación. Y vi que Miguel Bajo, su abogado, y Alfonso Trallero, que trabaja con Bajo, dieron una explicación. Y le recomendé que no se callase,
porque él no tenía por qué ser el palo que aguantase esa vela sucia.
El martes 22 por la tarde, Trías llama a la Fiscalía General del Estado. Habla con la secretaria de Eduardo Torres-Dulce y le pide una entrevista con el fiscal general. A la mañana siguiente le devuelven la llamada para citarle. Aguarda en la sala de espera. Al rato entra a buscarle Torres-Dulce y le lleva a su despacho.
- Eduardo, vengo a ver al amigo y al Fiscal General del Estado. Quiero explicarte que lo que he escrito y declarado tiene fundamento. Yo he visto los papeles. Esto es muy serio.
- Es probable que la Fiscalía Anticorrupción abra diligencias informativas, Jorge.
- Muy bien, si me llaman a declarar así lo haré. Voy a colaborar con la justicia. Yo me meto en este lío después de hablar con un juez abrumado, que está enfermo y que carece de medios. Y también porque hablo con Mariano Rajoy, que hoy es presidente, y me dice que siga el asunto. Trías, pues, no admite tener ni los papeles originales ni las fotocopias.
Torres-Dulce da instrucciones al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para iniciar diligencias informativas de oficio sobre el tema de los sobresueldos. Se abren ese mismo día, jueves 24 de enero.

LOS PAPELES

Mariano Rajoy no se pronuncia ante la información de El Mundo en la que se le excluye tanto a él como a María Dolores de Cospedal del cobro de sobresueldos. Una semana después de la aparición de la noticia, Rajoy explica a los enviados especiales, durante un vuelo en un avión de la Fuerza Aérea, desde Santiago de Chile a Lima, Perú, el 25 de enero, que él no va a entrar en el tema y que será la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, quien va a investigar el asunto. Una vez que ella eleve su informe, él se pronunciará.
Trías llega a la conclusión de que solo el conocimiento de la fotocopia de catorce folios puede obligar a llevar adelante una investigación seria. En su entrevista con El País, al hablar de las donaciones y complementos salariales, dice esto: «Sí debió de quedar constancia, aunque yo no tengo el documento fehaciente, en la contabilidad que llevaba el PP». Trías no tiene, en efecto, el «documento fehaciente». Lo que posee es la fotocopia.
Trías ha intentado que Bárcenas dé a conocer esas fotocopias desde aquellos últimos meses de 2010 en los que le entregó una copia. Ya en los primeros meses de 2012, después de ver la película J. Edgar, la biografía del director del Federal Bureau of Investigations (Oficina Federal de Investigación), principal organismo de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Trías comenta el tema con Bárcenas. El abogado se queda impresionado con las escenas en las que el director del FBI, para blindar su posición, se va a ver al fiscal general, Robert Kennedy, con un dossier comprometedor. Contiene datos sobre la relación que mantiene el presidente, John F. Kennedy, con una amante de Alemania del Este.
También lo ha intentado Trías en el verano de 2012 en aquella comida que celebran él, Bárcenas y Lapuerta en Lavinia.
Hacia finales de esa semana, después de visitar al fiscal general del Estado, Trías se pregunta cuál es el camino correcto.
El domingo 28 de enero de 2013, Luis Bárcenas reaparece. Cuando Trías ve la llamada en su móvil se sorprende. Es un número del cual el extesorero del PP no le llama desde hace mucho tiempo.
- Jorge, Álvaro Lapuerta me dice que le has entregado los documentos a El País. Lo que Bárcenas le recrimina a Jorge Trías no es cierto. El abogado corta por lo sano.
- Ya está bien, Luis… Yo no voy a hablar más de este tema contigo. Pero la llamada de Bárcenas acelera los acontecimientos.
En la calma de su piso blanco, durante la tarde del domingo, Jorge Trías medita.
El lunes 29, El País empieza la labor de chequeo de los documentos que le han llegado. Se llama a los secretarios generales y vicesecretarios generales del PP entre 1990 y 2013. Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato y Dolores de Cospedal. Niegan haber recibido pagos. En paralelo, los principales empresarios que aparecen como donantes desmienten, a su vez, haber pagado dinero. El periódico cruza, también, datos del sumario del caso Gürtel y la contabilidad secreta de Bárcenas, lo que arroja una conexión precisa en algunos puntos. Hay una partida de 21 millones de euros que sale del PP gallego en mayo de 1999, según su contabilidad B, y aparece en las entradas que lleva Bárcenas. Otra pista: la presencia entre los donantes de Constructora Hispánica. Esta empresa y su propietario, Alfonso García Pozuelo, tienen una importante presencia en la trama Gürtel.
La tarde del martes 30, la dirección del diario se reúne con los máximos ejecutivos del grupo. Se analiza la información, el estado de las comprobaciones y los riesgos políticos que implica la publicación. La conclusión, después de dejar constancia de las presiones que se desencaderán, es publicar.
La noticia del día siguiente, publicada a partir de las 5 de la madrugada del miércoles 31 de enero de 2013, se titula: «Los papeles secretos de Bárcenas».

ESTADO DE NEGACIÓN

Esa mañana del 31 de enero, durante la onda sísmica que provoca la publicación de los Papeles de Bárcenas, la dirección del Partido Popular hace un hueco para cursar a la Seguridad Social una solicitud de baja de una persona que hasta entonces está en nómina como «asesor» de la organización. ¿Por qué esta urgente solicitud? El nombre lo explica: se trata del «asesor» especial Luis Bárcenas.
Desde el 16 de abril de 2010, tal como había pactado con la dirección del PP, Bárcenas cobra religiosamente todos los meses 21.300,08 euros, algo más de 255.600 euros anuales. Ya ha percibido, pues, 670.350 euros, entre mediados de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.
Ni siquiera la llegada a España de la comisión rogatoria procedente de Suiza, conocida el 16 de enero de 2013, según la cual el extesorero ha acumulado una fortuna oculta a la Hacienda española que llegó hasta 22 millones de euros, provoca la decisión fulminante del PP de despedir a Bárcenas. Habrá que esperar catorce días más a la publicación de sus Papeles para adoptar la decisión.
Esta realidad, la realidad de treinta y dos meses de la nómina mensual pagada a Luis Bárcenas, «que ya no es del PP», como ha mantenido la organización, es la única e indiscutible verdad. La que arroja un poderoso haz de luz sobre la íntima relación entre Bárcenas y el PP.
Al analizar los argumentos a utilizar para explicar esta relación, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el número tres, Carlos Floriano, acuerdan utilizar el concepto de indemnización pactada que se paga mensualmente. Floriano dice que es una «indemnización fraccionada». Cospedal, en su trabalenguas más famoso hasta el presente, explica:
- La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en defini… en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido. Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, verdad. Pues aquí se es, aquí es, se quiso hacer como hay que hacerlo, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, si hubiera habido algo que ocultar. Es más. Gobernando en España el Partido Socialista, y por lo tanto teniendo acceso a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribuciones o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar. Y no había nada que ocultar. Y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o peor o mejor hecho. Pero así fue como se pactó. Y si hubiera habido algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar, porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso tanto a Hacienda como a la Seguridad Social es muy fácil, es muy fácil.
¿Estado de confusión? También, pero no. A pesar de las apariencias: estado de negación. Negación en este caso supone encubrimiento.
Ese es el estado oficial del Partido Popular. La reacción de Luis Bárcenas y del PP ante los Papeles de Bárcenas es coincidente. «Nunca se llevó por mí ni por ninguna otra persona registro alguno de entradas o salidas distintos a los declarados oficialmente por el Partido», dice el extesorero. «En escrupuloso cumplimiento de la Ley, la contabilidad del Partido fue siempre presentada ante el Tribunal de Cuentas, para su fiscalización, emitiendo dicho órgano jurisdiccional los oportunos informes durante todo el mencionado periodo sin tacha alguna al respecto», añade.
El comunicado de Bárcenas es extenso.
Son 387 palabras a lo largo de ocho puntos. Lo que olvida negar en esta, su primera reacción, el 31 de enero de 2013, es… que no se trata de su letra. ¡Elemental, mi querido Watson! El PP hubiera deseado que lo dijera, pero la realidad es que Bárcenas elude espectacularmente ese punto, habida cuenta de la importancia del mismo cuando se presenta los documentos como escritos de su puño y letra.
María Dolores de Cospedal, por su parte, esgrime los mismos argumentos de Bárcenas. «El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido se correspondan con la contabilidad del PP. La contabilidad del PP es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas y no vamos a consentir que se ponga en cuestión ni la honorabilidad de los dirigentes del PP ni la transparencia del PP ni la legalidad de las cuentas del PP.»
Mariano Rajoy, que desmiente y califica como falsedad, el 2 de febrero de 2013, haber recibido dinero en negro alguna vez, le marca de hecho a Bárcenas la línea a seguir.
«Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de papeles apócrifos no responde a la verdad, es total y radicalmente falsa», sostiene Rajoy en su intervención ante el Comité Ejecutivo del partido, retransmitida a los periodistas por monitor de plasma, sin que puedan formular preguntas. «Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se pueda insinuar es falso», insiste.
«Papeles apócrifos».
Aunque Bárcenas no ha negado, hasta ese momento, ser el autor material de los papeles bastaba con incluir cuatro palabras, «no es mi letra», en el comunicado de 387, Rajoy pretende que no los ha escrito él. Por eso, aparte de considerar falso su contenido, estima que son apócrifos, en la única aplicación posible en este caso.
He aquí la fina percepción de un académico de la lengua, que exhibe, como quien no quiere la cosa, mayor capacidad de análisis político que la mayoría de los profesionales del sector.
«¿Qué quiere decir, pues, el señor presidente? ¿Qué es falso el contenido de los papeles que corren asignados a don Luis Bárcenas Gutiérrez, pero que la atribución a este es incorrecta?», se pregunta Francisco Rico en un artículo que publica El País el sábado 9 de febrero de 2013. He aquí su respuesta: «Es la interpretación que invita a dar la llamativa ausencia de cualquier acusación y aun sombra de reproche a Bárcenas, a quien no en balde él mismo nombró o confirmó tesorero del partido y en quien largamente depositó su confianza. De manera implícita, ¿está el señor presidente exonerando a Bárcenas de la autoría de los papeles y así, y jugándolo todo a una carta, exonerándose a sí mismo de cualquier responsabilidad?».
El guante lanzado por Rajoy lo recoge Bárcenas en días. Poco después de la declaración de Rajoy, trasciende que los abogados de Bárcenas y su cliente estudian difundir un segundo comunicado para decir qué letra de los Papeles no es suya. Pero finalmente deciden que lo mejor es una breve declaración al periodista Antonio Jiménez para su nuevo programa El Cascabel del gato, en la cadena 13TV. Dice que no es su letra y que «está dispuesto a someterse a cualquier prueba caligráfica o poligráfica para demostrar su falsedad». Aventura que los Papeles son un «montaje» realizado «por una persona que ha tenido acceso a la contabilidad» del PP.
Jorge Trías, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta prestan declaración el miércoles, día 7 de febrero de 2013, ante el fiscal Antonio Romeral, encargado de las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Trías, en calidad de testigo, explica que Bárcenas es quien le ha mostrado hace ya un par de años los papeles que se han publicado. Bárcenas y Lapuerta, en calidad de imputados, niegan la veracidad de los documentos. Bárcenas se somete a una prueba caligráfica. Y fuerza su letra, ante una Policía Judicial aparentemente despistada, para dificultar las conclusiones del examen. Hacer buena la afirmación de Rajoy de que los Papeles constituyen un documento apócrifo, es decir, un documento atribuido erróneamente a su extesorero, será muy difícil. Pero, en todo caso, el objetivo es simplemente añadir confusión. Otra cosa es si en los papeles están todos los que son y son todos los que están.
El domingo 17 de febrero, Bárcenas regresa de esquiar una semana en Canadá. En Barajas, ante los periodistas, alza el dedo, el saludo de la peineta.
En la primera semana de marzo, Trías camina por la calle Zurbano hacia su despacho.
Y a veinte metros de la sede del PP en Génova se cruza con Alfredo Prada, presidente de la comisión de Justicia del Congreso. No le veía desde la reunión en su despacho con el juez Pedreira.
- Hombre, Alfredo.
- Qué tal, ¿cómo estás?
- Jo, te acuerdas cómo defendimos a Luis en mi despacho ante el juez…
- Que si me acuerdo… Quién podía imaginar que caería lo que está cayendo, la cuenta suiza y todo lo demás…

Próxima entrega: EL EPÍLOGO